Por Valentín Varillas
Una de las primerísimas acciones que ha tomado Rafael Ruiz Cordero como subsecretario de administración de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Tony Gali, ha sido el dar luz verde a un contrato que avala la renta de un edificio entero que servirá para albergar oficinas públicas.
Se trata del inmueble ubicado sobre Circuito Juan Pablo II, en el número 3113 de la colonia La Ánimas, el que durante muchos años fue la sede en Puebla del grupo Nextel. Actualmente se encuentra en proceso de reconstrucción para adaptarlo a sus nuevas funciones.
Dos cosas resultan muy interesantes en este hecho.
Primero, el dueño del edificio es Roberto Oliva, un personaje cercanísimo al novel gobernador, quien fue parte de su grupo íntimo durante los años en los que que controlaron las oficinas regionales del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Juran los enterados que este personaje, junto con Raúl Sánchez Kobashi, hoy flamante Secretario de Finanzas, y el propio Ruiz Cordero, le dieron forma a una muy rentable estructura, que tenía como objetivo implementar las más diversas medidas de presión a deudores del fisco, hasta que se generaban las condiciones ideales, perfectas, para alcanzar los tan anhelados acuerdos.
Años después, ya muy cerca del poder político, Oliva ha sido la pieza clave, fundamental, tal vez la más importante, en lo que internamente se conoce como “operación limpieza”.
Lo que sea que eso signifique.
El segundo punto que llama la atención es que, la decisión de rentar inmuebles para oficinas de gobierno, va a contrapelo con la tendencia presupuestal y de gasto público implementada en el anterior sexenio y apoyada, faltaba más, por el hoy gobernador constitucional de Puebla cuando fungió como miembro del gabinete morenovallista.
El dejar de pagar millonarios contratos de renta a particulares, fue una de las principales líneas discursivas que se utilizaron para justificar el pago de miles de millones de pesos para la construcción de los Centros Integrales de Servicios (CIS) no solo en la capital, sino en varios municipios del estado.
Es más, era tal la necesidad de contar con espacios propios y generar importantes ahorros en el gasto público, que se optó por un ambicioso Proyecto de Participación Social (PPS) con un valor cercano a los 9 mil millones de pesos.
¿Habrá más burocracia?
¿Volverá a engordar el supuestamente ya esbelto entramado burocrático poblano?
¿Nuevo gobierno, nuevo estilo?
La columna vertebral del grupo, ya se vio, opera para su conveniencia desde el primer minuto de esta administración.
Y esa lógica implementarán en cada decisión que tomen, mientras estén en el cargo.
Se ve que traen prisa y mucha.
Están ya, por fin, en las auténticas grandes ligas.
Y lo que falta.
Serán apenas 22 meses de privilegios, de disfrutar de las dulces mieles de pertenecer a la dorada burocracia.
Meses de Hidalgo, les llamarán ahora.
