Por Shanik David
El procedimiento administrativo que abrió el Congreso del Estado en contra del expresidente de la capital, Eduardo Rivera Pérez, bajo el argumento de anomalías en su cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, se trata más bien de una medida política en contra del panista por las posturas críticas que ha tomado en contra del gobierno del estado, comentó Ana Rosa Zili Colorado, representante del Comité para la Liberación de los Presos Políticos.
Por esta razón, señaló que Rivera Pérez sí es un perseguido político “porque a partir de que se ha manifestado en contra de los intereses del gobernador han salido acusaciones en su contra de malversación de recursos públicos”, puntualizó la activista, quien señaló que incluso el propio exedil ha señalado el móvil político detrás del proceso en su contra.
A esta lista de ediles perseguidos por temas políticos sumó a la alcaldesa de Tehuacán, Ernestina Fernández Méndez, contra quien los diputados locales -en la misma sesión en la que abrieron el proceso contra Rivera Pérez-, aprobaron su inhabilitación, aunque sigue en el cargo por medio de recursos legales.
Al respecto, Zili Colorado afirmó que esta destitiución se debe a que la priísta hizo señalamientos en contra del gobierno del estado, por lo que también se sumó a la lista de los perseguidos de la administración.
Sin embargo, el caso de los dos representantes populares todavía no anexan al listado de los presos políticos o las personas que han sido procesadas durante el sexenio, las cuales suman ya 302 al cierre de la administración.
Recordó que en la actualidad sólo se tienen seis presos políticos (cuatro de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, un mototaxista y Francisco Castillo Montemayor), dos personas que comprobaron su inocencia plena (Enedina Rosas Vélez y Néstor Espinosa), una persona que murió en prisión (Delfino Reyes Melga), un condenado político (Jairo Javier Montes Bautista, expresidente de San Bernardino Chalchihuapan), una persona en arraigo domiciliario (Juventino Tlahuel), así como 141 personas procesadas penalmente y 150 órdenes de aprehensión vigentes.
Este escenario, comentó la también estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, representa un escenario complejo en especial considerando las aspiraciones presidenciales del gobernador Rafael Moreno Valle.
Además refirió que si bien en su comparecencia Diódoro Carrasco Altamirano negó una vez más la existencia de presos políticos, esto se debe a que a la administración estatal no le conviene reconocer esta situación, pues se han violentado y nulificado los derechos políticos de los ciudadanos.
