Por Shanik David
La iniciativa que aprobaron los diputados locales en la sesión extraordinaria del pasado viernes, por medio de la cual se incluye en la Constitución Política estatal el derecho humano al agua, se queda corta de frente a las disposiciones existentes a nivel federal y que fueron incluidas en la propuesta que presentaron organizaciones sociales desde el pasado mes de abril.
A decir de José Luis García Bello, representante de la Asamblea Social del Agua, la reforma que fue avalada por los legisladores locales dejó fuera la obligación especifica del Estado de “respetar” el derecho al agua y que se deben brindar las garantías para esto.
Además recordó que en el documento que entregó la ASA al legislativo local el 7 de abril del año pasado, y el cual fue ignorado por los legisladores, se planteó que se incluyera de manera puntual el principio de progresividad para este derecho humano, es decir que se deben tomar medidas para ampliar el mismo y no para retroceder en la aplicación de éste.
Otro punto que quedó fuera fue el que se obligue al estado a brindar apoyos a los ciudadanos para que puedan acceder de manera adecuada y asequible al agua, por lo que García Bello insistió que la propuesta oficial se quedó corta.
La reforma en cuestión fue propuesta a mediados de diciembre pasado por la fracción parlamentaria de Acción Nacional, en representación del gobernador electo José Antonio Gali Fayad, quien propuso durante su campaña rumbo a la gubernatura que impulsaría dicha modificación constitucional.
Sin embargo, para este proceso legislativo se dejó fuera la iniciativa que presentaron hace nueve meses los integrantes de la ASA, a pesar de que esta fue respaldada con cientos de firmas de ciudadanos que exigieron la reforma, la cual se dejó hasta ahora para responder a los tiempos políticos, como reconocieron en su momento los propios diputados en reuniones con los activistas.
Con esta reforma se modificó el artículo 12 de la Constitución local para incluir que como parte de las obligaciones de las leyes estatales, en materia de derechos humanos, se debe “establecer el derecho que tiene toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado conforme a las leyes regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural”.
Todavía hace falta que por lo menos la mitad de los ayuntamientos hagan esta modificación en sus cabildos, tras lo cual se deberán hacer reformas secundarias para la aplicación de esta nueva disposición constitucional, por lo que García Bello lanzó un llamado para que sea en este nuevo paquete de reformas que se incluyan las propuestas que había hecho originalmente la ASA y se delimiten aspectos sobre este derecho.
Esto pues incluso pareciera que pese a la reforma hay una resistencia de parte de los legisladores para usar el término concreto de “derecho humano” y “agua” juntos, dejando esta cuestión de manera ambigua pues se usa más bien la expresión “recurso natural”, mientras que en la reforma federal de 2012 se emplea “recursos hídricos”.
