Por Shanik David
Aunque ya se han hecho todos los trámites para que los afectados de fraudes cometidos por Bampeco, Caja Popular del Sureste y Inverclas puedan recibir el dinero que perdieron con estas empresas, Alejandro Gardía Badiola, director general de la Defensoría Pública del gobierno del estado no ha seguido con los procesos administrativos necesarios.
Romualdo Ramírez Vaquero, representante del grupo de 500 defraudados de las tres cajas de ahorro que demandaron la malversación de sus recursos, explicó que “por alguna extraña razón” el funcionario público ha evadido su cumplir con su parte en este proceso, pues por indicaciones del subsecretario de Desarrollo Político, Fernando Morales Martínez, él es responsable de solicitar el dinero para el pago de los afectados.
Explicó que el 21 de octubre realizaron una movilización en la Secretaría de Finanzas donde solicitaron que se apresure el pago de sus indemnizaciones, pues a tres años y ocho meses del fraude de las cajas de ahorro no han podido recuperar su patrimonio; en esa ocasión, representantes de la dependencia les informaron que ya se tenía el dinero que asignó el gobierno federal por medio del Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo -alrededor de 16.5 millones de pesos-, pero que en el caso del gobierno de Puebla, García Badiola no había hecho la petición por nueve millones de pesos que le corresponde aportar a la entidad.
En el peor de los casos, continuó Ramírez Vaquero, si no se hace la petición del recurso este mes sería hasta la segunda quincena de enero cuando se les podría pagar a los defraudados; “lo que tememos es que no soliciten el dinero y que digan ‘no lo pidieron, no podemos ser adivinos’” y con esto les den más largas.
Refirió que ya se han seguido todos los trámites, pues incluso ya se firmó el convenio con las autoridades federales y este ya ha sido revisado y corregido por el gobierno de Puebla, y se han cumplido con todos los requisitos necesarios, y sólo falta que al interior de la administración estatal se defina la asignación de recursos.
Ante este escenario, el defraudado adelantó que presentará oficios a la Secretaría de Finanzas y Administración, así como en la Secretaría de la Contraloría para denunciar los retrasos, con la esperanza de que con esto se agilicen los procesos internos, pues recordó que en el tiempo que llevan en búsqueda se recuperar el dinero que perdieron han sido 16 los defraudados que ya perdieron la vida.
Si bien como parte de esta indemnización sólo se contemplan a los 500 demandantes de las tres cajas de ahorro mencionadas, Ramírez Vaquero comentó que esto podría abrir la puerta para que otros de los defraudados que no procedieron puedan acceder a pagos futuros en caso de que se abra una segunda etapa del proceso de reparación a los afectados.
