Por Shanik David
Aunque la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Puebla pidió la colaboración de la delegación del Instituto Nacional de Migración para la investigación del caso de 45 migrantes detenidos ilegalmente en Tehuacán, el organismo, representado en Puebla por Carla Morales Aguilar, exasistente de Ardelio Vargas Fosado, se negó a apoyar al organismo local.
Esto se indica en la recomendación 8/2016 elaborada por la Comisión en relación a la detención a manos de policías municipales de Tehuacán de un grupo de indocumentados el pasado 17 de febrero, los cuales posteriormente fueron puestos a disposición del INM.
Por esta razón, la comisión requirió el 13 de agosto a la delegación del INM el listado de las personas que ingresaron a la estación Migratoria el 17 de febrero, sin embargo “mediante oficio DFP/DAJ/629/2016, de fecha 12 de agosto de 2016, signado por el encargado del Departamento de Asuntos Jurídicos de dicho Instituto, se negó la colaboración” sin dar algún argumento al respecto.
Sin embargo, pese a esta omisión en la recomendación la CDH no pudo emitir observaciones sobre la actuación de los servidores públicos del instituto, pues al tratarse de un organismo federal le corresponde a la Comisión Nacional de Derechos Humanos el análisis de su actuación.
En lo que respecta a los funcionarios municipales, después de hacerse el análisis del caso, la Segunda Visitaduría de la CDH determinó que se violaron los derechos de seguridad jurídica, legalidad, libertad de tránsito, trato digno y derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Los hechos se dieron el 17 de febrero de 2016, cuando policías municipales de Tehuacán revisaron un camión AU en el paraje “Rastro de las Aves” donde encontraron a 45 migrantes indocumentados provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala, entre los cuales se encontraban una mujer embarazada, 11 menores no acompañados y cinco niños más con sus familiares.
En las declaraciones dadas por los uniformados a los funcionarios de la CDH afirmaron que habían revisado el camión pues habían recibido noticias de que los migrantes iban contra su voluntad en calidad de secuestrados, y que al ubicarlos los trasladaron a las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública para darles agua y comida; sin embargo, en declaraciones mediáticas, contempladas en la recomendación, el comandante del grupo señaló que detuvieron el camión al verlo con sobrecupo.
El hecho de que hayan sido detenidos sólo por su calidad de migrantes indocumentados representa una violación al derecho de libre tránsito que se marca en las leyes nacionales, pues sólo se acredita la detención de un migrante si es encontrado en flagrancia realizando algún delito o falta administrativa, lo cual en este caso no se dio.
Además, en la recomendación se indica que los policías realizaron la inspección migratoria fuera de la ley, pues sólo el INM puede realizar actos de control, revisión y verificación, y aunque las autoridades municipales pueden colaborar tiene que haber una solicitud expresa del organismo federal, lo cual no se dio.
Otro aspecto que se señala en la recomendación es la violación al debido proceso que se abrió por parte de la autoridad municipal en contra de los migrantes, pues no se les informó la razón por la que habían sido asegurados, sino que fue ya que se encontraban en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública que se les informó “de manera selectiva a cuatro personas migrantes, tres menores y un adulto, que la razón de la detención se debió a una llamada en la que les avisaron que venían secuestrados y que ellos querían participar en su rescate”.
En concreto en la recomendación se pide a la presidenta municipal de Tehuacán, Ernestina Fernández Méndez, que se abra una queja formal ante la Contraloría interna para investigar la actuación de los policías que participaron en el operativo, incluso si ya no laboran en la secretaría, además de que se brinde capacitación a los uniformados para que actúen con apego a los derechos humanos.
También se requiere el apoyo del ayuntamiento para que proporcionen toda la información que se tenga del caso para ayudar en la denuncia penal que se presentará ante la Agencia del Ministerio Público correspondiente.
