Por Shanik David
La falta de atención a los ordenamientos hechos por la Comisión para el Acceso a la Información Pública y un incumplimiento sistemático en el reporte de su información pública de oficio son dos de los aspectos que marcan en la actualidad la realidad en materia de transparencia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
El caso relacionado con la falta de respuesta a las resoluciones de la CAIP corresponde a una solicitud de información presentada por este medio, en la cual se solicitó desde enero de este año el gasto destinado a la difusión de las actividades sustantivas de la universidad, docencia, investigación y extensión y difusión de la cultura de 2011 a 2016, detallando los proveedores contratados por año y el monto que se les pagó.
La universidad sólo presentó un listado de los proveedores en general de la casa de estudios, por lo que se recurrió ante la CAIP para que se revisara el caso, el cual quedó registrado con el número 28/BUAP-02/2016, analizado por la comisionada Gabriela Sierra Palacios.
Tras el estudio se determinó que la unidad de acceso a la información no justificó de manera clara la razón por la cual no entregó la información requerida, por lo que desde el 27 de junio se aprobó la resolución para contestara la solicitud original en los términos correspondientes.
Aunque para responder los acuerdos de la comisión los sujetos obligados sólo tienen 15 días hábiles, en esas fechas se dieron los períodos vacacionales de la comisión y de la propia universidad, por lo que el reporte debió ser entregado el 22 de agosto.
Al no haber respuesta se dio un plazo adicional de tres días hábiles para que la universidad respondiera, el cual se venció el lunes 3 de octubre sin respuesta o notificación alguna de parte de la casa de estudios.
Dado que esto representa un incumplimiento directo de las obligaciones que establece la Ley de Transparencia del Estado de Puebla, en la siguiente sesión de la CAIP se presentaría un acuerdo para abrir una queja ante el órgano de control interno de la universidad para que se investigue, y en su caso sancione, a los responsables de esta situación.
Pero esta no es la única falta registrada en cuestiones de transparencia por parte de la BUAP, pues desde 2013 las calificaciones que han obtenido en las evaluaciones anuales que hace la CAIP no han superado los 86 puntos porcentuales e incluso ha habido una baja en los puntajes obtenidos.
Esto pues mientras en la segunda evaluación de 2013 la calificación fue de 80.2, para 2014 subió a 86.07 pero en 2015, último año evaluado por la comisión, se quedó con 84.4.
En estas evaluaciones la CAIP revisa el cumplimiento de los sujetos obligados en la difusión de su información pública de oficio, y llama la atención que en los últimos tres años evaluados la deficiencia se encuentra en lo referente al aspecto de adquisiciones y obras públicas.
Tan sólo en 2015 se reportó que no se difundía el nombre de las empresas que ejecutaban las obras contratadas por la universidad ni los períodos de ejecución de las mismas.
Pero es en lo referente a las adjudicaciones donde los reportes eran casi nulos pues, a pesar de ser una obligación en la ley, no se difunden cuestiones como los tipos y objetos de la adjudicación, las bases, los fallos, las fechas de adjudicación, inicio y duración de los contratos, los ganadores de los procedimientos de adjudicación, la cantidad ofrecida por el ganador ni la versión pública de los contratos.
A esto se suma que de 2012 a la fecha se han presentado 73 recursos de revisión ante la CAIP por la inconformidad de ciudadanos ante las respuestas dadas por la BUAP en sus respuestas a solicitudes de información, y llama la atención que mientras en 2015 fueron sólo siete recursos registrados, para agosto de 2016 ya la comisión tiene ocho inconformidades en contra de la casa de estudios.
