Por Shanik David
Desde abril de este año la Secretaría de la Contraloría inició un procedo de auditoría del contrato del Proyecto para la Prestación de Servicios y demás documentación relacionada, por lo que no es posible acceder al mismo por medio de transparencia.
Esto se dio a conocer en la sesión del pleno de la Comisión para el Acceso a la Información Pública al presentarse un expediente en el cual un ciudadano había pedido acceso a dicho contrato y se le respondió que éste estaba clasificado como reservado.
Si bien desde la firma de este contrato en 2012 ya se tenía conocimiento de su clasificación, el recurrente invocó las nuevas disposiciones de la Ley de Transparencia para el Estado de Puebla, en la cual se faculta a que la CAIP haya un estudio para aplicar la prueba de daño o de interés público a la información que se encuentra reservada.
De este modo, el solicitante al presentar el recurso de revisión, más allá de inconformarse solicitó directamente a los comisionados que se analizara la viabilidad de la reserva.
El caso fue llevado por la comisionada Norma Estela Pimentel Méndez, quien al presentar el resultado del estudio detalló que la Secretaría de Infraestructura y Transportes, quien tiene el contrato en sus archivos, entregó actas del Comité de Transparencia interno, en el cual se detallaban las razones por las cuales no era posible entregar la información.
En estos se detallaba que el 15 de abril se abrió un proceso de auditoría a este contrato y otros documentos similares, por lo que entregar la información pondría en riesgo el resultado de la inspección, supervisión y revisión interna realizada en la actualidad por la Secretaría de la Contraloría.
Es más, se arguye que dado que es un proceso abierto que podría concluir con el inicio de un procedimiento administrativo la difusión de los contratos antes de esto podría poner en riesgo la honorabilidad de las personas relacionadas con el mismo.
Por esta razón, en el acuerdo que presentó Pimentel Méndez se determina que la clasificación es correcta y no se puede considerar excesiva, pero que una vez que se termine el procedimiento se tendría que dar a conocer la documentación o al menos una versión pública del mismo.
Hay que recordar que el 22 de noviembre de 2012, todavía como secretario de Infraestructura, José Antonio Gali Fayad firmó el acuerdo de clasificación AC2012/07 por medio del cual se reservaba la información de esta obra por los 23 años y nueve meses que tiene de vigencia el contrato para la construcción, disposición y mantenimiento del CIS, firmado con la empresa Grupo Técnico Constructor por tres mil 800 pesos.
Ahora hay un nuevo acuerdo de reserva por cuestiones de un procedimiento interno de auditoría, por lo que sigue sin haber acceso al reporte oficial de a qué se comprometieron la empresa y el gobierno para esta obra.
