Por Shanik David
A un mes de que se cumplan dos años desde que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 2VG/2014 al gobierno del estado de Puebla por los hechos de San Bernardino Chalchihuapan el Congreso de la Unión pidió a la administración estatal que se presente un informe sobre el cumplimiento de éstas.
Esta petición derivó de un punto de acuerdo que presentaron desde el 13 de julio los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, quienes denunciaron desde la Cámara Alta el incumplimiento de estas recomendaciones por violaciones graves a los derechos humanos y cómo el gobierno del estado había recurrido a “artilugios” para no acatar las mismas.
El tema fue analizado por la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la cual después de estudiar el caso dijo manifestó “preocupación” por esta falta de atención de la administración poblana para atender un caso que representa una violación a los derechos humanos de los ciudadanos.
En el punto de acuerdo, el cual fue publicado en la Gaceta Parlamentaria del Senado, se describe cómo fue en mayo de 2014 cuando se aprobó la llamada Ley Bala, que permitía el uso de armas incapacitantes para desarticular manifestaciones y a los dos meses de existencia fue aplicada para replegar una manifestación de pobladores de Chalchihuapan que exigían el regreso del registro civil, lo que derivó en la muerte del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.
Además, se hace el contraste de cómo aunque el gobierno del estado ha presumido que ha cumplido con las recomendaciones -incluyendo la detención de policías que supuestamente estuvieron involucrados en la muerte del menor lo cual se dio en la víspera de que se cumplieran dos años de los hechos de Chalchihuapan-, la propia CNDH todavía reporta un cumplimiento parcial del pliego de 11 recomendaciones que se emitieron.
Entre los puntos de los que no se han presentado evidencias que acrediten el cumplimiento se encuentran el que refiere al inicio de procedimientos en contra de los responsables de los hechos, la implementación de procedimientos efectivos para privilegiar el diálogo para resolver conflictos y protocolos para la resolución pacifica de éstos, colaborar con la procuraduría del estado para la investigación de los funcionarios involucrados y la capacitación de los uniformados en materia de derechos humanos y uso legítimo de la fuerza.
Si bien se aprobó pedir un informe al gobierno poblano sobre este tema no se dio un plazo para que cumpla con este llamado del poder legislativo federal.
