Por Shanik David
Aunque el proceso electoral acaba de terminar, ya se han registrado personajes que ocupan cargos públicos que ya iniciaron su promoción para la elección de 2018.
El caso más sonado ha sido el del gobernador Rafael Moreno Valle, quien a lo largo del sexenio ha emprendido diferentes acciones para promover su imagen dentro y fuera de la entidad, siendo la más reciente la aparición de su fotografía en la portada de la revista Central -perteneciente al corporativo de Tv Azteca-, la cual se promociona en anuncios espectaculares, autobuses y hasta salas de cine principalmente en la capital del país.
Sin embargo, el caso del mandatario no es el único, pues en las últimas semanas el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Juan Carlos Lastiri Quirós, ha contratado anuncios espectaculares en diferentes zonas de la capital promocionando sus actividades, además de que se han dado medidas similares a menor escala por parte del presidente municipal de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano Arias.
Todo esto genera, en primer lugar, condiciones de inequidad de frente a los demás personajes políticos que tengan aspiraciones para la próxima elección, además de que se corre el riesgo de que se estén usando recursos públicos para la promoción personal de estos actores, señaló el diputado Julián Peña Hidalgo.
Por esta razón, presentó un punto de acuerdo en el pleno legislativo en el cual solicita se exhorte al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Estatal Electoral, para que “se esté atento a la promoción personalizada de los servidores públicos en el estado y en su caso imponer las sanciones correspondientes”.
Esto, se explica en el documento, pues esta situación ha generado reclamos de la sociedad que exige que se explique “la utilización de los recursos públicos en la promoción de imagen ante diferentes medios fuera de los ámbitos jurisdiccionales tanto nacionales como regionales, pudiendo ser de radio, televisión, revistas, espectaculares así como gastos en la utilización de transportes y aeronaves oficiales en el traslado a eventos fuera del contexto de la labor institucional”.
Para sustentar su petición, cita una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la cual se establecen criterios que deben tomarse en cuenta para determinar si un tipo de propaganda vulnera o no el mandato constitucional que prohíbe la promoción personal de funcionarios públicos.
Estos, que la publicidad en cuestión contenga la voz, imágenes o símbolos que hagan que se reconozca al servidor público, es decir que se haga un uso directo de su imagen en los anuncios; que el contenido del mensaje publicitario vaya directamente con la figura en sí del actor en cuestión; además que se determine si “la promoción se efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del proceso, se genera la presunción de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando se da en el período de campañas”.
Si bien este punto de acuerdo no toca los casos concretos que fueron mencionados anteriormente, en entrevista Peña Hidalgo dijo que el objetivo de este primer exhorto era llamar la atención a la autoridad electoral sobre esta situación que se vive, pero que en caso de que no haya una respuesta pronta, se volverá a tomar la tribuna para hacer posicionamientos concretos sobre cada uno de los personajes que ya iniciaron su promoción de manera adelantada.
