Por: Valentín Varillas
Inició oficialmente el período de transición en Puebla.
Ya se reunieron los equipos de el gobernador electo, Tony Gali, y el del mandatario en funciones, Rafael Moreno Valle, designados para tal efecto.
Al haberse roto el mito poblano de que “gobernador no pone gobernador”, sobra decir que el cambio de poderes transitará en medio de la más absoluta calma.
La continuidad está garantizada y se espera inclusive que las actuales autoridades tomen las medidas necesarias –operativas y presupuestales- para que el próximo gobernador empiece su gestión cumpliendo sus promesas desde el primer día.
Sin embargo, aunque parezca difícil de creer, condiciones similares se vivieron hace seis años, durante la transición Marín-Moreno Valle.
A pesar del supuesto odio político entre ambos y aun cuando el panista centró su estrategia de campaña en ataques frontales e inmisericordes al gobierno tricolor, el mandatario saliente movió cielo mar y tierra para facilitar el inicio de la primera administración no priista en la historia de Puebla.
Sí, Marín ordenó a secretarios, colaboradores y hasta poderes en teoría autónomos seguir los dictados del morenovallismo, en ese entonces encabezado por Fernando Manzanilla.
Ejemplos sobran:
La línea del entonces gobernador permitió que los diputados locales aprobaran una capacidad de endeudamiento de hasta 2 mil 500 millones de pesos para financiar los gastos de inicio de la actual administración.
Al gobernador electo no le pareció que un marinista de cepa como Lauro Sánchez, su coordinador de asesores, se convirtiera en el líder de la bancada tricolor en aquella legislatura e inmediatamente se reculó en un nombramiento que ya se daba por un hecho.
Además, la mayoría tricolor decidió hacer modificaciones a la iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el 2011 en el sentido de permitir que la próxima administración estatal contara con 8 mil millones de pesos adicionales para gastar en el 2011, provenientes de la Federación, que no estaban etiquetados y que fueron utilizados de acuerdo a las necesidades presupuestales del nuevo gobierno.
Marín decidió también autorizar una partida presupuestal adicional de 5 millones de pesos por concepto de “gastos inherentes al período de transición”.
Pero eso no es todo.
Por orden del ejecutivo, el legislativo en funciones aprobó los cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal que permitieron la creación de las supersecretarías morenovallistas.
Esas que concentraron el poder económico y político del nuevo gobierno en el círculo más cercano y de mayor confianza del hoy gobernador y cuya función en este sexenio fueron fundamentales en la continuidad del actual grupo en el poder.
En conclusión: más que un enemigo, Moreno Valle encontró en Mario Marín un cómplice que lo ayudó a iniciar con el pie derecho su sexenio.
En este contexto, se explica el pacto de impunidad que le ha permitido al priista y a su verdadero círculo de mayor confianza conservar su libertad.
Además, todo lo anterior refuerza aquella teoría que asegura que Marín negoció el estado a cambio de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declarara “inocente” de violaciones graves a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho, durante su detención y breve reclusión en Puebla.
Al paso de los años y de acuerdo a cómo se ha comportado la política local, la leyenda del pacto suena cada vez menos descabellada.
