Por Shanik David
Hace dos años, José Luis Alberto Tehuatle Tamayo perdió la batalla de 10 días que dio al interior del Hospital General del Sur, a donde llegó con una herida en el cráneo que le ocasionó la pérdida de masa encefálica, la cual fue resultado del impacto de una lata de gas lacrimógeno mal disparada que le impactó en la cabeza.
La muerte del niño 13 años es uno de los saldos más dolorosos que dejó el desalojo de la manifestación que realizaron pobladores de Chalchihuapan, ocasionada en gran medida por la falta de capacitación de los policías estatales que no sabían cómo portar las armas que portaban, esto de acuerdo con las recomendaciones por violaciones graves a los derechos humanos que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en septiembre de 2014.
Del pliego de 11 observaciones hechas por el ombudsman nacional, algunas ya fueron cumplidas por parte de la autoridad estatal, y en otras las respuestas a medias han generado críticas en las últimas semanas, como fue la sentencia que se le dio a los autores materiales de la muerte de José Luis, quienes recibieron una pena de poco más de tres años de cárcel, la cual podrán compugnar con un pago en efectivo.
Sin embargo, dos de éstas corresponden al perdón o aceptación de los hechos que llegue a tener Elia Tamayo, quien debe aceptar la disculpa pública que le dio el gobierno del estado en marzo pasado, donde se reconoció la responsabilidad de la muerte de su único hijo varón pero la cual no aceptó pues esto no implicaba un hecho de justicia real.
Algo similar pasa con la indemnización que ordenó la CNDH que se le tendría que pagar a la campesina de Chalchihuapan como una de las víctimas de la represión del 9 de julio de 2014; para la definición y pago de las indemnizaciones, el gobierno del estado creó el “Fondo para el Cumplimiento de la Recomendación Emitida por la CNDH Reparación del Daño Víctimas de Chalchichuapan”, al cual se destinaron cuatro millones de pesos.
De todos los afectados sólo Elia Tamayo no ha aceptado el pago que le ofrece el gobierno por la vida de su hijo “por una cuestión de dignidad”, aseguró su abogado Alejandro Del Castillo durante la marcha de conmemoración de la muerte del menor; la madre con rostro doloroso evitó hacer comentario alguno sobre el tema y sólo portó el arreglo de flores para recordar a su pequeño.
Del Castillo refirió que la indemnización que se ofreció por parte del gobierno sí cumple con los estándares que marcan instancias internacionales en materia de derechos humanos, sin embargo se mostró renuente a dar a conocer la cantidad que el gobierno pretende pagarle a Doña Elia para que se olvide el caso de Chalchihuapan.
Refirió que la marcha que se realizó para recordar los dos años del fallecimiento de José Luis tuvo como objetivo exigir al gobierno del estado que haya un cumplimiento real de las recomendaciones que emitió la CNDH y no las farsas que se han hecho a lo largo de estos dos años.
Además, dijo que se buscaba exigir una vez más la liberación del presidente auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, y los presos políticos de Felipe Ángeles, pues incluso una comitiva de este municipio se sumó a la movilización.
