Por Shanik David
En la víspera de que se cumplan dos años de la represión que encabezaron pobladores de San Bernardino Chalchihuapan que resultó en decenas de heridos y un niño muerto, el gobierno del estado sigue sin cumplir a cabalidad las recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por las violaciones graves a las garantías de los ciudadanos que se manifestaron en esa ocasión.
Fue el 9 de julio de 2014 cuando pobladores de dicha comunidad tomaron la autopista Puebla-Atlixco como parte de las movilizaciones que de dieron en diferentes zonas del estado en protesta por el retiro de la facultad del registro civil a las juntas auxiliares; en un intento por calmar la protesta se desplegó un fuerte operativo policíaco, y por la falta de capacitación de los uniformados estatales para el uso de los equipos resultaron heridos pobladores por los impactos de los proyectiles que dispararon siendo el caso más grave el de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, un niño de 13 años que ni siquiera participó en la movilización y que fue impactado en la cabeza con una lata de gas lacrimógeno, lo que le dejó una lesión que le quitó la vida 10 días después.
Para septiembre, la CNDH emitió la segunda recomendación por violaciones graves a los derechos humanos por este caso, la cual hasta el momento sigue con un incumplimiento parcial según dio a conocer hace unas semanas el organismo federal.
A decir de Alejandro del Castillo, representante del Centro de Derechos Humanos José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, no se ha dado cumplimiento a los “aspectos finos” de la recomendación, por ejemplo en la sanción para los funcionarios que estuvieron involucrados en el desalojo, pues aunque la orden la dio Facundo Rosas Rosas lo único que recibió fue una sanción económica pero pudo permanecer en su cargo hasta septiembre de 2015, cuando renunció tras ser vinculado con una red de robo de combustible.
Sin embargo, el secretario de Seguridad Pública nunca fue sancionado por estos hechos, además de que los policías que participaron fueron liberados a finales de 2014 sin que hasta la fecha exista algún responsable señalado por la muerte de José Luis.
Además, señaló que aunque el 23 de marzo funcionarios de segundo nivel acudieron a Chalchihuapan a ofrecer la disculpa pública que ordenó la CNDH, esta no se ha considerado como cumplida porque Elia Tamayo, madre del menor, no la aceptó, además de que ella es la única de los afectados que sigue sin aceptar la indemnización que le ha ofrecido la autoridad estatal.
Aunque, dijo, es evidente que Elia nunca aceptará la disculpa “en mi caso, yo tampoco lo haría”, pero el documento que se leyó incluye puntos que valen la pena analizarse pues estos representan un reconocimiento formal de parte del gobernador Rafael Moreno Valle de la responsabilidad de la muerte del niño así como la promesa de no repetir casos como estos, por lo que, hasta cierto punto, se podría considerar que si se cumplió con la disculpa.
Lo que llama la atención es la pasividad que ha tenido la autoridad para el cumplimiento de las recomendaciones, por lo que desde el Centro de Derechos Humanos se hizo un llamado para que el tema se cumpla a la brevedad pues pareciera que esto lo quieren aplazar de manera indefinida a pesar de existir el llamado desde instancias federales.
