Por Shanik David
Aunque fue desde el pasado lunes cuando los integrantes de la Comisión de Trabajadores en Digna Resistencia entregaron oficios en el Congreso del Estado para solicitar la intervención de los legisladores por el despido injustificado de más de 14 mil burócratas a lo largo de la administración, hasta este miércoles los diputados no habían recibido formalmente estos.
Sin embargo, las posturas manifestadas por algunos de los destinatarios de esta petición fue dividida, pues mientras hubo quienes se posicionaron a favor de un debate a conciencia sobre el tema, otros simplemente decidieron ignorar el asunto.
Esta postura cerrada correspondió a Jorge Aguilar Chedraui, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, quien dijo no tener conocimiento de que los extrabajadores estatales se hayan acercado al legislativo, pues incluso dijo que lo que ellos quieren es una respuesta de parte del ejecutivo estatal y que el tema ya es atendido por la Secretaría General de Gobierno.
Esto a pesar de que en el mismo oficio se señala la cerrazón con la que se han topado en la SGG y la nula respuesta gubernamental, lo cual motivó el que tocaran la puerta del legislativo.
El panista además dijo que “consultaría” con el área jurídica del Congreso para tener información sobre el tema, pero insistió desconocer el asunto.
Es más, llama la atención que el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN diga no tener conocimiento de este oficio, cuando el mismo tiene sello de recibido con fecha del lunes 4 de julio por parte de la oficina del grupo parlamentario del albiazul y uno más de la oficialía de partes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, es decir las dos oficinas que encabeza tienen copia del documento.
La resistencia para atender el asunto podría ser parte de la política implementada por el PAN, pues Víctor León Castañeda, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, a la cual también se envió el documento, dijo que antes de tomar una determinación al respecto se debe evaluar si el Congreso tiene facultades para atender el tema en cuestión.
Si bien dijo que hay disposición para escuchar a los ciudadanos, primero debe hacerse un análisis previo de la petición que hacen antes de decir si se podría dar entrada a la misma, pues si no le corresponde al legislativo atender el tema no podrían darle seguimiento.
“La disposición del Congreso en cualquier tema esta dispuesta pero vale la pena revisar si es de esfera de competencia del Congreso”, reiteró el panista.
Una postura más mesurada tomó el diputado Ignacio Mier Bañuelos del Partido de la Revolución Democrática, quien si bien tartamudeó un poco al principio cuando se le preguntó sobre este asunto, señaló que hay la apertura para revisar los casos e incluso reconoció que los posibles pagos por indemnizaciones y salarios caídos que se lleguen a generar cuando se resuelvan las demandas que han presentado los exburócratas representarán un problema para las finanzas estatales.
Resaltó que el Congreso siempre ha sido abierto y tolerante por lo que una vez que ingrese formalmente la petición del diálogo que solicitan los exburócratas -quienes requieren además la creación de una comisión especial para el análisis del caso-, se tendrán que crear los mecanismos correspondientes para escuchar a los ciudadanos.
Aunque, continuó el perredista, independientemente del diálogo que se llegue a generar en el legislativo, los extrabajadores del gobierno del estado deberán continuar con los juicios que han presentado ante la Junta Local de Conciliación y Abritraje, para así agotar todas las instancias correspondientes.
Otro de los diputados que se posicionó a favor de crear los canales de diálogo con los afectados por las bajas masivas de la administración morenovallista fue Rosalío Zanatta, del Partido Revolucionario Institucional e integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, quien dijo que se debe hacer un análisis a conciencia sobre el tema para poder resolver el caso de las miles de familias que se quedaron sin ingresos por estas decisiones administrativas.
El priísta dijo que habría que revisar caso por caso para determinar quiénes de los despedidos cumplieron con sus obligaciones en tiempo y forma y podrían ser sujetos ya sea de una indemnización con apego a la ley o incluso regresar a sus lugares de trabajo.
Pese a tener la disposición de revisar el tema, lamentó el hecho de que en la comisión es minoría además de que el tricolor no cuenta con el respaldo del resto de los legisladores por lo que las propuestas que se hagan sobre el tema podrían quedarse estancadas.
