Por Alejandro Mondragón
El nuevo diccionario ilustrado del Partido Acción Nacional para calificar gobiernos salientes expone el doble rasero con el que su dirigente Ricardo Anaya actúa.
En Veracruz, Chihuahua y Quintanarro, gobernados por auténticos trogloditas del poder priista (Los Duarte y Borge), los acusa de “blindar su impunidad” con reformas para imponer incondicionales en cargos claves, a efecto de evitar persecuciones.
Bien. Tiene razón el PAN. En esos estados se pasan de la raya, pero lo que hoy denuncia Anaya ya lo hizo a lo largo de su sexenio su aliado contra Margarita Zavala en el 2018: Rafael Moreno Valle.
Las gestiones priistas se blindan para protegerse de la impunidad con la que actuaron; las panistas ,como la de Moreno Valle, homologan su legislación local con la federal. No pues sí.
El góber de Puebla en 2011 llevó a su incondicional empleado, David Villanueva Lomelí, a la titularidad de la Auditoría Superior del Estado por cinco años, en 2012 homologó la legislación federal con la local para dejarlo en el puesto hasta el 2018 con opción a reelegirse 7 años más… HASTA EL 2025.
El PAN puso a Puebla como ejemplo, pero ahora que lo hacen los priistas estalla la guerra.
Ese no fue el único nombramiento post sexenal. En la Fiscalía del Estado se “homologó” la Ley federal y su abogado Víctor Carrancá, que tomó posesión como Procurador General del Estado en 2011, ahora prolongó su mandato como Fiscal HASTA EL 2022.
En la Comisión Estatal de Derechos Humanos, auténtico órgano bananero en Puebla, su titular, Adolfo López Badillo, concluirá su periodo HASTA EL 2019, luego de reelegirse en 2015.
A su familiar política, Gabriela Sierra Palacios, la postuló como comisionada de Acceso a la Información HASTA EL 2020.
Es decir, sus espaldas están cubiertas en términos de auditoría, procuración de justicia, derechos humanos y transparencia. Son cuatro áreas muy cuestionadas durante su sexenio y que fueron exhibidas en la pasada campaña electoral.
LEY GUARURAS
Cuando Rafael Moreno Valle deje el cargo de gobernador de Puebla, dispondrá del servicio de 8 escoltas por un lapso de 12 años, pagados con dinero público. Este beneficio podrá ser vitalicio si así lo solicita.
En 2012, los diputados locales de todos los partidos aprobaron dotar de la protección de guardias a los ex mandatarios poblanos por un periodo de 12 años.
Cada escolta recibiría un salario promedio de 10 mil pesos mensuales, por lo que al final de los doce años que por ley cada exmandatario tenga este beneficio, el erario habrá gastado un promedio de 11 millones 520 mil pesos en los salarios de los guardias, sin contar con los periodos adicionales que solicite.
El líder de los diputados locales de Acción Nacional, Mario Riestra Piña, precisó en 2012 que al término de su mandato el gobernador en turno estará protegido por dos sexenios más y concluido ese periodo tendrá la posibilidad de solicitar seguridad de manera vitalicia; acción que también cubre a los antecesores de Moreno Valle Rosas.
La iniciativa propuesta por el diputado local de Nueva Alianza, Héctor Alonso Granados, fue aprobada por la mayoría de los integrantes de la LVIII Legislatura, tan sólo con el voto en contra de los diputados José Juan Espinosa Torres de Movimiento Ciudadano y Gerardo Mejía del Revolucionario Institucional.
Esta prestación se dio a través de un acuerdo emitido por la Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública, publicado el 13 de diciembre de 2010 en el Periódico Oficial del Estado; sin embargo, los diputados locales acordaron que esta “prestación” quedara establecida en la Ley de Seguridad Pública del estado de Puebla.
Recordar es vivir.
