Por Shanik David
La Comisión para el Acceso a la Información Pública presentó un grave retroceso en la evaluación hecha por organizaciones nacionales especializadas en el tema de transparencia, en la cual se analizaron cuestiones del desempeño y promoción de los órganos garantes de los estados.
Destaca que en la primera evaluación que ese hizo de este tipo en 2014, el organismo de Puebla se posicionó en el primer lugar nacional en este estudio; en ese entonces presedía la comisión Blanca Lilia Ibarra Cadena, pero el logro de la transparencia y actuación de la CAIP fue presumido por el gobierno del estado como una mérito propio a pesar de tratarse de un organismo descentralizado.
Ahora, a dos años de distancia y con una mayoría morenovallista en la Comisión -Javier Fregoso Sánchez en la presidencia del mismo y Gabriela Sierra Palacios quien hasta antes de entrar a la comisión colaboraba en la Secretaría General de Gobierno-, la CAIP tuvo una de las caídas más fuertes en el ranking hecho por México Infórmate y Artículo 19.
En el reporte del Índice Nacional de los Organismos Garantes del Derecho de Acceso a la Información (INOGDAI), se indica que Puebla pasó de cumplir con el 70.2 por ciento de los criterios evaluados a sólo el 46.93, esto implicó una caída del primer lugar al número 18; el único estado que tuvo una debacle mayor fue Nuevo León que pasó de la sexta posición a la 29.
En el caso de Puebla como en el resto de los órganos estatales, el rubro peor evaluado fue el relacionado al tema de la promoción del derecho de acceso a la información, donde se obtuvo un promedio general de 35.15 puntos.
Sin embargo, en este sector Puebla fue uno de los peor evaluados, al obtener sólo 9.09 por ciento de los valores estimados en este rubro, pues sólo cumplió con una parte de la publicación de mecanismos de atención social que se requieren, pero evidenció no tener promoción y capacitaciones de la ley de transparencia abiertas a la población, ni programas educativos o incluso un presupuesto para esto.
Además no tiene públicos los criterios de resolución de expedientes, aspecto que ocasiona que haya discrecionalidad de los comisionados para aplicar criterios distintos en temas similares y proteger a determinados sujetos obligados.
Además, tampoco pudo responder las peticiones hechas por las organizaciones en relación al presupuesto, actuación de los titulares del organismo o las quejas que reciben, variables que fueron las que peor puntaje tuvieron.
De acuerdo con lo que se explica en el estudio, para la elaboración el INOGDAI es “un estudio transparente y fundamentado en las respuestas oficiales, portales de Internet y Leyes de Transparencia que no propone el análisis subjetivo de la información, sino la sistematización de las respuestas presentadas por las unidades de enlace a nivel nacional, así como de la verificación de fuentes públicas y legislaciones en la materia”.
