Por Shanik David
Desde su paso por la dirección nacional del programa Oportunidades -hoy Prospera-, Salvador Escobedo Zoletto ha sido denunciado por el mal manejo de este apoyo social para beneficiar a candidatos de Acción Nacional.
Esto lo comentó Jorge Estefan Chidiac, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, quien explicó que fue por este conocimiento del manejo electoral de los programas sociales que Rafael Moreno Valle lo nombró titular de la Secretaría de Salud.
Destacó que la llegada del exdiputado local tenía como finalidad que la dependencia se convirtiera en el brazo político de la administración estatal con el condicionamiento de los programas sociales a cambio de votos a favor del candidato del PAN.
Esto lo comentó al ser cuestionado sobre la publicación hecha en la columna de Al Portador donde se describe la estrategia seguida por la SSA para presionar a los beneficiarios de Prospera para que voten a favor de Gali Fayad pero decir que son coaccionados para favorecer a Blanca Alcalá Ruiz.
En este sentido, Chidiac refirió que se tiene integrada una carpeta conlas denuncias hechas por beneficiarias del programa tanto en la zona de la mixteca como Tepeaca y Amozoc sobre las presiones que han sufrido para apoyar al candidato panista, las cuales se presentarán ante las autoridades competentes a la brevedad.
El dirigente priísta además recordó que la Secretaría de la Función Pública tiene abierto un procedimiento en contra de Escobedo Zoletto por un contrato que firmó de manera irregular en 2012 cuando encabezaba Oportunidades, el cual quedó evidenciado en el reporte de la Auditoría Superior de la Federación de la cuenta pública de ese año.
Señaló que en la observación se detectó que el ahora secretario estatal firmó un contrato con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) por cinco millones de pesos, y que luego éste subcontrató el servicio que se le había requerido por 2.5 millones de pesos, lo cual dejó sin aclarar 2.5 millones de pesos que, acusó Chidiac, se apropió Salvador Escobedo.
Esta investigación, continuó, sigue “curiosamente” sin resolverse, por lo que señaló que se enviará un exhorto a la SFP para que se concluya el análisis de este asunto el cual podría derivar en una inhabilitación para ocupar puestos públicos por hasta 10 años y que el funcionario estatal tenga que reponer el daño patrimonial en el que incurrió.
