Por Shanik David
El día antes de que se lleve a cabo el debate entre los candidatos a la minigubernatura, el PRI y el PAN cayeron en una guerra de acusaciones de enriquecimiento ilícito las cuales llevaron a la Fiscalía General del Estado y al pleno del Congreso de la Unión.
En el caso del Partido Revolucionario Institucional, fue la diputada Xitlalic Ceja García quien presentó en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo, firmado por otros legisladores federales del tricolor, en el cual se pide que se abra una investigación por los bienes que tiene el candidato de la coalición Sigamos Adelante, José Antonio Gali Fayad.
En el punto de acuerdo se hace referencia a reportes de medios de comunicación nacionales que apuntan al enriquecimiento desmedido del expresidente municipal de la capital, por medio de antros, bares y restaurantes en la zona de Cholula y la ciudad de Puebla, así como otros negocios de sus hijos y prestanombres; también se mencionan los supuestos departamentos que tiene el candidato en Acapulco y negocios en Panamá.
“La fortuna inexplicable del candidato panista al gobierno de Puebla asciende presuntamente a 116 millones 500 mil pesos, dineros que no corresponden a la medianía en que vive un servidor público que ha ocupado cargos similares”, se indica en el punto de acuerdo.
Por esta razón se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que “investiguen si existe la probable comisión de delitos federales o financieros en los negocios que posee José Antonio Gali Faayd y su familia”, además de que se pide al Instituto Nacional Electoral que fiscalice los recursos que tiene el candidato para su campaña.
PAN va contra Blanca
De manera casi paralela, la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional dio a conocer que se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de Blanca Alcalá Ruiz, candidata de la coalición PRI-PVEM por supuesto enriquecimiento ilícito.
En un comunicado, en el cual se presenta sólo la caratula de la denuncia presentada por el director jurídico del Comité Directivo Estatal del PAN, Oscar Pérez Córdoba Amador, se indica que a la abanderada del tricolor se le imputan delitos como enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Estos cargos, se explica en el boletín, están relacionados con la entrega del permiso para la construcción de una gasolinera a nombre de una tía de Alcalá Ruíz cuando ésta fue presidenta municipal de Puebla, y por la adjudicación directa de contratos a quien después se volvió su socio en la empresa constructora Estilos Constructivos Sustentables S.A. de C.V.
Además se presentó una segunda queja en contra de la candidata y del presidente del Comité Directivo Municipal del tricolor, José Chedraui Budib, por la adquisición y entrega de electrodomésticos y otros enseres como parte de festejos del Día de la Madre, los cuales se consideraron como acciones con fines de compra de votos.
