Por Shanik David
El pasado 27 de abril, Rafael Moreno Valle acudió al Congreso del Estado de Puebla para presentar la iniciativa de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, y desde la tribuna destacó el compromiso de su administración con la transparencia, pues esta ayuda a que haya una mayor confianza entre gobernantes y ciudadanos, pero el tema, una vez más, se quedó sólo en el discurso.
Esto pues tan solo una semana después, la Secretaría de Infraestructura y Transportes (SIT), y la de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (SECOTRADE) notificaron que la información relacionada con los gastos destinados para la realización de los cinco informes del mandatario poblano se encuentra clasificada como reservada.
La información se había pedido desde mucho antes, pues a finales de marzo se presentaron las primeras 15 solicitudes de información a la Oficina del Ejecutivo, la Secretaría de Finanzas y Administración, y al organismo público descentralizado Convenciones y Parque, en las cuales se requerían los costos por la realización de cada uno de los informes del gobernador -cinco solicitudes independientes a cada uno de los sujetos obligados-.
La respuesta que dieron de manera casi paralela las unidades de acceso a la información a principios de abril es que eran la SIT y la SECOTRADE las que tienen los registros de estos contratos.
Por lo tanto se pidió a estas dependencias estatales la información de los informes del gobernador Moreno Valle, detallando el nombre de la empresa contratada y cuánto se le pagó por la organización del evento, así como el monto que se haya erogado para la renta del recinto en el que se llevó a cabo el acto protocolario -una vez más, una solicitud por cada informe a cada una de las secretarías-.
Fue el 3 de mayo, en el contexto de la aprobación de la nueva Ley de Transparencia, que se dio a conocer que se habían firmado acuerdos de reserva para proteger dicha información, aunque no se argumentó el por qué se había optado por clasificar estos datos.
Además, los acuerdos de clasificación llaman la atención por sí solos; en primer lugar porque con un solo documento se clasifica toda la información de los cinco informes, en el caso de la SIT el acuerdo es el AC-2016/001 y el de la SECOTRADE está registrado con el folio AC-SECOTRADE-02/2016-.
Por si esto fuera poco, aunque no se notificó la fecha de firma de los acuerdos de clasificación, por las fechas de los folios se deduce que fueron emitidos este mismo año.
Lo único que respondieron las dos secretarías es que para ninguno de los cinco informes de labores se gastó para la renta del lugar en el que se llevó a cabo el evento protocolario, aunque hay que recordar que entre 2013 y 2016 estos actos se realizaron en espacios recientemente remodelados o construidos por la administración estatal.
El Centro Expositor, el Centro Integral de Servicios, el Auditorio de la Reforma, el Auditorio Metropolitano y el Museo Internacional del Barroco han sido las sedes de cada uno de los informes, por lo que en ninguno de los casos se tuvo que pagar.
El hecho de que la clasificación de esta información de haya dado en el marco de la discusión de la Ley de Transparencia es relevante pues en el nuevo marco legal se establece que los acuerdos de clasificación ya no son válidos, y aunque las autoridades se pueden reservar información no pueden aplicar este criterio a documentos completos, por lo que los acuerdos con los que se argumentó la negativa perderán valor en los próximos meses.
Aunque no se tiene un reporte oficial al respecto, de manera extraoficial se sabe que los informes del gobernador Rafael Moreno Valle han sido organizados por la empresa Creatividad y Espectáculos S.A. de C.V. (CREA), filial de Corporativa Interamericana de Entretenimiento (Televisa).
De manera sistemática, el gobierno del estado mantiene un bloqueo en relación a los contratos que se ha firmado con esta empresa, pues desde mediados de 2014 se ha pedido esta información y aunque a finales del año pasado la Comisión para el Acceso a la Información Pública emitió un resolutivo en el cual le ordenaba a 11 dependencias estatales que entregara una lista de los pagos hechos a esta compañía hasta la fecha no se han proporcionado los datos, por lo que ya se abrió un procedimiento administrativo ante la Contraloría por la omisión para cumplir con este ordenamiento.
