Por: Valentín Varillas
¿Hasta dónde está realmente metido el gobierno federal en los procesos electorales estatales de este 2016?
¿Qué tanto juegan los intereses del presidente Peña en la determinación de ganadores y perdedores en las distintas contiendas?
Imposible saberlo con exactitud.
Sin embargo, existen algunas señales que nos indican que, el grupo que despacha en Los Pinos, opera en las entidades federativas de acuerdo a una serie de prioridades específicas que hasta hoy parecen estar muy claras.
La primerísima parece ser Veracruz.
Ahí, el gobierno de la República no sólo tiene metidas las manos, sino medio cuerpo en el proceso electoral.
Los ataques contra el candidato del PAN, Miguel Ángel Yunes, y su círculo familiar han sido durísimos, inmisericordes, y han contado con la televisión nacional como principal caja de resonancia.
Únicamente la influencia de la presidencia puede orquestar una campaña de ese tamaño y con semejante intensidad.
A la par, los operadores y compradores de conciencias del gobierno federal trabajan con precisión quirúrgica en las zonas de mayor concentración potencial de votantes.
Las dádivas, prebendas y los infaltables cheques al porvenir, han estado a la orden del día en ese estado.
Medidas extremas, para una situación extrema.
Y es que la debacle por la pésima y corrupta administración de Javier Duarte, tenía hasta hace muy poco al tricolor en la lona.
Hoy está en empate técnico y la tendencia es a la alza.
En Oaxaca se da una situación igual, en términos de operación electoral.
En ese caso, la mala imagen del gobernador Gabino Cué juega a favor del PRI.
La Federación está de lleno metida en el trabajo a favor de los intereses de Alejandro Murat.
La estructura trabaja bajo la supervisión estricta de los diferentes delegados, quienes están obligados a rendir cuentas muy arriba, sobre el resultado del trabajo político realizado.
Aunque a estas alturas, en Los Pinos esperaban llevar una mayor ventaja, una derrota en ese estado no está siquiera considerada.
Y en este contexto, ¿dónde queda Puebla?
Aquí se ha vivido una realidad distinta.
El control y operación de la campaña de Blanca Alcalá ha sido responsabilidad única del partido.
Nada más.
No se ve que delegados estén operando con la misma intensidad que en Veracruz y Oaxaca.
Al contrario.
El presunto abandono del gobierno federal ha tenido como consecuencia un cambio en la estrategia electoral del tricolor poblano.
Más agresividad, mayor confrontación, pero menos apoyos reales.
No se nota la mano de Rosario Robles, la titular de la SEDATU, quien en teoría habría recibido el encargo presidencial de “vigilar de cerca” la elección en el estado.
Prácticamente al margen de la calentura electoral han permanecido personajes como Juan Carlos Lastiri o Juan Manuel Vega Rayet, en teoría fundamentales para el trabajo electoral.
Esta supuesta indiferencia ha generado inclusive escenas de desesperación y enfrentamientos verbales entre priistas y funcionarios federales locales.
¿Cuál es el pacto aquí?
Pareciera que simplemente, el gobierno de Peña se salió de Puebla.
Aquí no suma ni resta, dejando que la lucha electoral y los resultados que se obtengan dependan únicamente del partido.
Lo anterior parece un auténtico suicidio.
Y es que, así, no hay manera de ser competitivo frente a una estructura oficial formada y operada con recursos públicos y que, con su enorme poder adquisitivo, controla aspectos fundamentales, importantísimos para definir la elección.
La lucha es por demás desigual.
Sin el apoyo del gobierno federal, la elección en Puebla puede volverse una mala copia de aquella épica batalla entre David y Goliat, pero esta vez con el gigante como triunfador.
