Por Alejandro Mondragón
La Auditoría Superior de la Federación observó múltiples irregularidades en contratos, a cargo del Comité Administrador para la Construcción de Espacios Educativos y la Secretaría de Infraestructura y del Transporte.
El responsable de ambas instancias resulta ser, curiosamente, el mismo personaje: Diego Corona Creman, quien presume que repetirá en el cargo.
La revisión correspondiente al 2014 refiere que no se justifica la adjudicación directa de dos contratos de adquisiciones.
No ejerció 108.2 millones de pesos de diversos programas: Apazu, Protar y Fonregión bajo cargo del Capcee. Pagó 65 millones de pesos por obras no ejecutadas.
En la compra de vagones para el tren turístico a Cholula realizó adquisiciones con sobrecostos por 42 millones de pesos.
No comprometió recursos de los programas Apazu, Protar, Fonregión y programas regionales por 15.5 millones de pesos. No hizo nada porque se reintegraran a la Tesorería de la Federación los rendimientos generados por 9.8 millones de pesos.
Se reportan incumplimientos en la especificación de materiales colocados en obras por 1.6 millones de pesos, además de una incorrecta integración de precios unitarios por 4.7 millones.
La ASF fija una penalización por trabajos no ejecutados.
En este contexto, también se observaron que se usaron 42 millones de pesos de fondos federales, destinados al Capcee, en trabajos que eran responsabilidad de la concesionaria del agua potable.
En la Secretaría de Infraestructura y del Transporte se efectuaron 133.6 millones de pesos en pagos en excesos en pavimentaciones de obras carreteras, los cuales no se reintegraron a la Federación.
La Auditoría Superior de la Federación plantea en el oficio OP/LPN028/SI-20140593 iniciar sanciones contra los funcionarios implicados.
El gobierno del estado no explica la comprobación de 10.6 millones de pesos por acarreo de escombro de tierra en la obra de la avenida de las Torres
Y otros 55.7 millones de pagos en exceso en semaforización e imagen urbana, según contrato OP/LPNN15/SI-20130197.
El dictamen se emitió el 18 de diciembre del 2015, fecha de conclusión de los trabajos de la auditoría que se practicó para fiscalizar y verificar la gestión financiera de los fondos federales.
