Por Shanik David
Para el presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado, Víctor León Rueda, no hay elementos suficientes para asegurar la existencia de presos políticos en la entidad.
Esto a pesar de que esta semana la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación general a las autoridades de todo el país, en la cual señala el caso de cinco activistas en el estado de Puebla que fueron detenidos y encarcelados por su activismo.
Sin embargo, cuando se le preguntó de manera puntual al panista sobre la recomendación y sobre el uso de las instancias de justicia para el encarcelamiento de personas incómodas para el gobierno estatal dijo que esto no existe en el estado, aunque “es respetable la postura que den las asociaciones civiles al respecto”.
El tema ha sido señalado como una de las críticas más fuertes a la administración de Rafael Moreno Valle, pues de acuerdo con estimaciones de organizaciones sociales el número de personas perseguidas penalmente por su participación en movimiento sociales supera las 150.
Además, el legislador aseguró que aunque dentro de la Ley Orgánica de la recién creada Fiscalía General del Estado se contempla que el Congreso del estado, en caso de considerarlo necesario puede ordenarle a este organismo que presente un informe sobre algún tema en particular, no se pretende tomar alguna acción al respecto.
Explicó que no hay elementos suficientes para considerar que haya una problemática por lo que recalcó que no se intervendrá o pedirán cuentas al fiscal sobre el tema en cuestión, esto a pesar de haber un llamado directo desde la CNDH para que se atiendan estos casos y que, en la medida de lo posible, se den capacitaciones a los funcionarios públicos de las instancias destinadas a la procuración de justicia para que se respeten los derechos humanos de los activistas.
Hay que recordar que dentro de la recomendación general número 25, se señalan los casos de Enedina Rosas Véles, Juan Carlos Flores Solís, Abraham Cordero Calderón, Raúl Pérez Velázques y Leobardo Báez Serrano, como ejemplos de activistas que han sido víctimas de persecución de parte de las autoridades; de los cinco, sólo el presidente de La Resurrección sigue en prisión.
