Por Shanik David
De no haber una regulación correcta del manejo de los Proyectos de Prestación de Servicios, estos si podrían llegar a hipotecar los recursos públicos del estado, sentenció el secretario de Finanzas y Administración estatal, Guillermo Bernal Miranda.
Esta declaración la dio durante su comparecencia frente al Congreso del Estado como parte de la glosa del Quinto Informe de Labores de Rafael Moreno Valle, en la cual el tema de los PPS y Proyectos de Inversión, salió a relucir en tres ocasiones, y fue al responder la pregunta del diputado Ignacio Mier Bañueos que, casi por accidente, confirmó los riesgos financieros de este tipo de contratos.
Comentó que en la actualidad estos compromisos sólo representan el 2 por ciento del presupuesto total anual del gobierno del estado, por lo que se deberían hacer análisis desde el ejecutivo y el legislativo para determinar cuál sería el monto máximo que se podría contratar bajo estos esquemas y qué proporción de los recuros públicos se podrían afectar sin poner en riesgo las finanzas.
La idea, dijo, sería encontrar cuál es la práctica más sana para la contratación de PPS para incluso así dejarle un margen de acción al siguiente gobierno del estado.
“Esta idea de que se lleguen a hipotecar los recursos es lejana, pero sí puede llegar a ser una realidad si no se ponen límites”, puntualizó el secretario.
Con esto, prácticamente contradijo el discurso que ha mantenido la administración estatal en las últimas semanas, luego de que se dio a conocer la existencia del fideicomiso por medio del cual se comprometen los ingresos del Impuesto sobre la Nomina para pagar estos contratos, lo cual, a decir de las autoridades, no representaba un riesgo de hipotecar los recursos estatales.
Sobre el tema en concreto del fideicomiso, señaló que se trata sólo de una garantía de pago de estos contratos, equiparándolo con los convenios que se firman para la adquisición de un teléfono celular; dijo que el fideicomiso sería como la tarjeta de crédito que se registra para que, en caso de que el cliente no cumpla con su pago, se ahí se tome el dinero.
Sin embargo, el funcionario incurrió en varios deslices en su intento de justificar el uso de estos esquemas financieros, pues, por ejemplo dijo que “no sabe por qué” cuando se hacen los convenios de PPS o PI las obras resultan más baratas por la intervención directa de particulares. “Puede ser porque el gobierno tarda más en pagar o porque hay corrupción o no sé”, mencionó.
Por otra parte, continuando con la versión oficial, aseguró que a la fecha sólo hay tres contratos bajo esta modalidad, siendo éstos el Centro Integral de Servicios, el Museo Internacional del Barroco y la plataforma de Audi.
Lo que llamó la atención en este rubro, es que mencionó que estos tres contratos representan un monto de 8 mil 194 millones de pesos, sin embargo, de acuerdo con evaluaciones hechas por Fitch Raitings estos tres contratos representan 9 mil 299 millones de pesos.
