Por Shanik David
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla fue la gran ausente durante el lanzamiento de la campaña de la iniciativa de Ley 3de3, en la cual estuvieron presentes representantes de algunas de las universidades más importantes del estado.
Esta iniciativa, realizada a nivel nacional por organizaciones como Transparnecia Mexicana, el Instituto Mexicano para la Competitividad y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, busca la creación de un marco legal federal que delimite obligaciones a funcionarios públicos para rendición de cuentas en relación a su patrimonio, además de que se establecen criterios para la investigación de actos de corrupción.
Para que la iniciativa llegue al Congreso de la Unión es necesario juntar el 0.3 por ciento de firmas del lista nominal nacional, es decir unas 120 mil firmas aproximadamente, por lo que las organizaciones han generado redes de apoyo con instituciones educativas y empresariales en los estados para poder alcanzar la meta.
De esta manera, en el caso de Puebla, fueron apoyados por la Universidad Iberoamericana, la UDLAP, Anáhuac, Tecnológico de Monterrey y la Universidad Madero, así como cámaras empresariales; la BUAP no se sumó al proyecto que busca, al final de cuentas, mejorar el sistema de combate a la corrupción a nivel nacional.
Durante la presentación de la iniciativa en Puebla, el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, resaltó que en México sigue existiendo la corrupción porque los ciudadanos lo permiten, pues mientras más involucrada esté la sociedad menos espacio tendrán las autoridades para incurrir en estos actos irregulares.
Por esta razón destacó la importancia de que se den herramientas a la sociedad para participar, siendo un ejemplo claro esta iniciativa, la cual, dijo, es la primera en su tipo en el país, pues es una legislación desde la ciudadanía.
Recordó que como parte de la reforma política de 2012 se incluyó la posibilidad de que los ciudadanos pudieran presentar propuestas de ley ante el Congreso de la Unión siempre y cuando lograran el respaldo de un determinado porcentaje de la población.
De esta manera, la iniciativa de la Ley 3de3 sirvió en primer lugar para ejercer este derecho de legislar desde la sociedad, y en segundo lugar para canalizar la inconformidad social que se vive en una acción que tendrá un impacto directo en cómo se hacen las cosas en el país.
Entre los puntos que incluye esta iniciativa, que podría presentarse antes de que termine el período ordinario de la Cámara de Diputados, está el hacer obligatorio que los servidores públicos presenten sus declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses -de ahí el nombre de 3de3-, delimitar criterios para el ejercicio ético del servicio público, la definición de medidas preventivas para evitar que el sector privado participe en los actos de corrupción, y mecanismos estratégicos para que la sociedad denuncie, por mencionar algunos rubros.
