Por Shanik David
Investigaciones administrativas y políticas, así como la búsqueda de mecanismos para transparentar el manejo de los fideicomisos que tiene el gobierno del estado fueron algunas de las posturas que manifestaron personajes críticos de la administración estatal.
Desde priístas hasta expanistas se manifestaron en contra de este fideicomiso y lamentaron el hecho de que, sin consulta ni transparencia, se hayan comprometido los recursos de las próximas ocho administraciones estatales.
Una de estas posturas fue la de Ana Teresa Aranda Orozco, quien calificó la creación de este fideicomiso como una “triquiñuela financiera”, además de que fue un abuso por parte del gobierno actual, pues se afectan los ingresos del estado en general.
Indicó que es crítico el hecho de que se use el impuesto más importante del estado para pagar “las obras de relumbrón” que se han ejecutado en este sexenio, y que además se obligue a las próximas autoridades a mantener este sistema.
Sin embargo, su señalamiento se quedó corto, pues hay que recordar que como parte de los programas de incentivos fiscales implementados por el morenovallismo se han aplicado tasas ceros en gran parte de los impuestos que generan ingresos propios, de manera que el Impuesto sobre la Nómina, el cual está comprometido para el fideicomiso de garantía de los Proyectos de Prestación de Servicios, es el único ingreso propio que tiene la administración estatal.
Por esta razón, la exmilitante de Acción Nacional acusó que Moreno Valle podría ser objeto de un juicio político por la afectación que esto representa.
Priístas exigen investigación
Por separado, representantes de la cúpula del Partido Revolucionario Institucional coincidieron que es necesario que se hagan investigaciones puntuales sobre la situación de este fideicomiso, sus lineamientos y a dónde van a parar los recursos que ingresan al mismo.
Entre los que compartieron este posicionamiento se encuentra Blanca Alcalá Ruiz, virtual candidata a la minigubernatura por el triclolor, quien refirió que desde la Cámara Alta del Congreso de la Unión se deberá solicitar una investigación a fondo de este tema, para conocer cuáles son “los argumentos y razones para que se hipotequen los recursos”.
Agregó que incluso tanto en la cámara de diputados como en la de senadores se trabajan iniciativas relacionadas con el manejo de las obligaciones financieras, lo cual ayudará a tener un control más fuerte sobre este tipo de compromisos.
Una postura similar expresó el coordinador de la bancada del PRI de Puebla en la Cámara de Diputados, Víctor Manuel Giorgana, quien se mostró indignado por la afectación de más de 115 mil millones de pesos bajo este convenio del gobierno morenovallista.
Señaló que este miércoles se tendrá una reunión de los integrantes de la fracción parlamentaria poblana con quienes se discutirá la presentación de un punto de acuerdo para que desde instancias federales se analice a fondo este tema.
Además, comentó que se le pedirá a los diputados locales que se hagan reformas a la Ley de Transparencia para que los fideicomisos no queden fuera de la revisión y escrutinio de la sociedad; sin embargo, el diputado pareciera ignorar que dentro de los criterios que se tienen que homologar con la ley federal en la materia, se incluye que los fideicomisos públicos ahora sean sujetos obligados, lo cual implica que, una vez que se haga esta modificación a la ley, se tienen que abrir la información financiera de los fideicomisos.
“Se están comprometiendo recursos del erario público sin que la sociedad tenga certeza del uso de los mismos” lamentó el diputado al reiterar la necesidad de la investigación.
También la dirigente estatal del tricolor pidió que se investigue este tema, pero ella aprovechó para manifestar la confianza que tiene el partido de que llegará a la gubernatura, pues dijo que esto representa un ejemplo de lo endeudado que “recibirán” al estado una vez que ganen la elección y que incluso, una vez que se tenga el control sobre el ejecutivo, se harán las investigaciones correspondientes.
“Tendremos que hacer un estudio de las condiciones en las que se generó el fideicomiso” comentó la exdiputada federal al referir que incluso dentro de la Ley de Responsabilidad Fiscal que se aprobó durante la anterior legislatura se establece que este tipo de temas prescriben después de siete años, por lo que todavía se tiene facultad para estudiar el caso.
