Por: Valentín Varillas
23 registradores públicos poblanos recibieron hace poco la noticia de que, si quieren conservar su empleo en este último año de administración estatal, tienen que entregarle a Zeus Ramírez Lecona, titular del Instituto Registral y Catastral, una cuota mínima de 60 mil pesos semanales.
Fue el propio director del IRCEP, el que les dio a conocer la mala nueva.
La medida, abusiva a todas luces, generó la molestia generalizada de los registradores.
De entrada, la pregunta básica: “¿cómo carajos le vamos a hacer para juntar esa cantidad?”.
La cínica respuesta fue contundente: “busquen la manera de encuadrar cobros irregulares y que los paguen los usuarios”.
El reclamo de los trabajadores del Instituto fue de antología.
Calificaron la decisión como un “abuso”, una “ratería” que violaba sus derechos laborales fundamentales.
¿Cómo era posible que se les condicionara el mantener su fuente lícita de ingresos a cambio de cometer semejantes actos de corrupción?
Las protestas eran cada vez de un tono más elevado, con mayor violencia, lo que generó la preocupación de Ramírez Lecona.
Y fue entonces cuando, para salvar su pellejo y evitar una revuelta mayor, este personaje acabó por sincerarse.
Les aseguró a sus trabajadores que no se trataba de una idea suya, que sólo seguía órdenes y que tenía que acatarlas so pena de ser despedido también.
Que quien había ideado y operado todo esto era Víctor Manuel Arceo, subsecretario de ingresos de la Secretaría de Finanzas estatal.
¿Será?
La duda se justifica si tomamos en cuenta cómo ha sido el paso de Ramírez Lecona por el servicio público poblano.
Como le comentaba en una entrega anterior, este individuo ha estado en el ojo del huracán, al verse envuelto en diversos casos de corrupción.
Como registrador de Cholula, fue señalado por recibir dinero a cambio de realizar cancelaciones de embargos e hipotecas.
De la mano de su operadora Ivonne Cristales, Ramírez Lecona cobraba 30 mil pesos por cada “procedimiento” a modo que llevaba a cabo.
La lógica de operación era la siguiente: ellos mismos elaboraban los escritos y únicamente agregaban la identificación del solicitante y el pago de los derechos.
Procedían a la cancelación mediante un acuerdo que ellos realizaban sin mediar un documento notarial, protocolo o escritura que hiciera constar la cancelación de la hipoteca o por una orden de la autoridad judicial, como es su obligación.
Solamente mediante del el pago de esa cuota y la consabida “bendición” obtenida, se resolvía el problema.
Es más, en la recta final del período de Alejandro Pagés, Zeus Ramírez fue retirado de su cargo bajo cargos de haber recibido dinero a cambio de favores.
Se trata, sin duda alguna, del personaje perfecto para operar una marranada de semejante magnitud.
Pero el punto central aquí es:
¿Para qué son estos recursos?
¿Quién o quiénes quieren llevarse su millonaria liquidación sexenal?
¿O de plano ya quieren engordar más el cochinito para la campaña?
