Por Shanik David
Al hacer un análisis del quinto informe de gobierno de Rafael Moreno Valle, académicos de diferentes universidades coincidieron que la opacidad es uno de los principales problemas de la actual administración, esto sumado a la violación de los derechos humanos.
Para el maestro en Políticas Públicas Daniel Tapia, del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla, una constante en estos cinco años de gobierno ha sido una postura cerrada y de distanciamiento con la sociedad, pues desde la cúpula gubernamental ha habido una cerrazón sistemática para escuchar a la sociedad.
Comentó que esta postura se debe a una visión de “idolatría a los liderazgos políticos” que hizo por mucho tiempo que se idealizara a los presidentes y algunos gobernadores quienes, en consecuencia, se sentían con todo el poder para tomar decisiones, las cuales normalmente iban en función de sus intereses y lo que pidiera la clase política.
En el caso de Puebla, esta es una situación que prevalece hasta la fecha, lo cual ha orillado a que las necesidades de los ciudadanos sean ignoradas y que incluso éstos se sientan alejados de sus gobernantes.
Comentó que aunque hay cifras que reflejan un aparente avance en el estado, los ciudadanos no lo aprecian ya que “piensan o asumen que su gobierno no lo está escuchando”.
Agregó que de manera muy puntual el tema de la represión y de la falta de transparencia en el ejercicio del gasto público son dos facturas que tendrán un alto costo político para el gobernador y sus colaborares.
En particular señaló que bajo la administración de Rafael Moreno Valle se han recurrido a estrategias “muy de la clase política” para imponer proyectos, obras o políticas, esto sin tomar en consideración el respeto de los derechos humanos, lo cual ha ocasionado que organizaciones nacionales e internacionales hayan emitido recomendaciones por la situación que se vive en la entidad.
Por separado, el académico de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Manuel Díaz Cid, expresó que desde su punto de vista la administración de Rafael Moreno Valle alcanza una calificación de 7.5 puntos, en una escala de 10, por la falta de transparencia y de utilidad pública en las construcciones y obras que se han ejecutado durante el actual sexenio.
En particular sobre el tema de la transparencia, enfatizó que éste es un derecho de todos los ciudadanos, ya que legalmente se tiene la facultad de solicitar datos que detallen y justifiquen en qué se gastan los recursos públicos. “Como sociedad debemos pedir que se nos proporcione la información necesaria necesitamos, que por ley debe darla el gobierno y no proporcionarla por buena voluntad o porque quiera uno quedar muy bien con el actual gobernante”.
Sin embargo reconoció que este es uno de los grandes pendientes de la actual administración, tal como lo señaló el Nodo de Transparencia en un informe dado a conocer hace unos días.
