Por Shanik David
Será hasta que se conforme el reglamento de la Fiscalía General del Estado que se determinarán las causales por las cuales el titular de la misma podría ser removido, entre las cuales podrían incluirse el tema de los presos políticos.
Así lo informó Silvia Tanús Osorio, coordinadora de la fracción del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso local, al momento de señalar que cuando se inicie la elaboración de este documento se buscará tomar en consideración los señalamientos que han hecho diferentes grupos sociales.
Esto pues dentro del dictamen que aprobó la Comisión de Gobernación la semana pasada se establece en el artículo segundo transitorio que “el Procurador General de Justicia que se encuentre en funciones al momento de entrar en vigor las presentes reformas, quedará designado por virtud de este Decreto, Fiscal General del Estado”, lo que implicaría que Víctor Carrancá Bourget quedará en este puesto de manera automática.
Sin embargo, dentro del mismo artículo se señala que pese a esta designación exprés no queda exento de ser removido en caso de que incurra en algunas de las causales que se establezcan para su remoción.
Tanús Osorio refirió que este transitorio fue reproducido de manera exacta al que se estableció en la Ley de la Fiscalía General de la República que fue avalada a finales del año pasado en el Congreso de la Unión, esto para armonizar la legislación local con la federal.
Comentó que dado que este fue el ordenamiento que se dio desde el gobierno de la república, no se podían hacer cambios arbitrarios en el caso de la ley local, aunque se tendrá cuidado en las causales de la remoción del fiscal para evitar casos como los que se han dado
Si bien dijo que las acciones cometidas por Carrancá Bourget en su desempeño como procurador “son responsabilidad de quien lo nombró”, reconoció que sí ha habido errores, pero que por estas cuestiones puntuales no se podía cambiar una ley ya aprobada por la Cámara Alta.
El dictamen que fue aprobado el pasado jueves todavía tiene que ser presentado en el pleno del Congreso del estado en la próxima sesión ordinaria, y una vez que quede avalada por los integrantes del poder legislativo tendrá que pasar a los cabildos para su aprobación, ya que se trata de una reforma constitucional que requiere el respaldo de la mitad de los ayuntamientos de la entidad.
De este modo, será hasta el siguiente período ordinario cuando se podría iniciar la elaboración de la reglamentación de esta nueva área de impartición de justicia.
