Por: Valentín Varillas
Puebla es ya un foco rojo nacional en materia de delincuencia.
Un reportaje publicado por CNN-Expansión (cnnexpansion.com) no deja lugar a dudas.
Según el Semáforo Delictivo, “una herramienta desarrollada por ciudadanos que concentra la información oficial en esta materia”, nuestro estado está por encima de la media nacional en los últimos tres años en la comisión de delitos como el secuestro, homicidios, extorsión, robo a vehículo, lesiones y violación.
No se trata de una simple apreciación, al contrario.
Este indicador está basado en cifras oficiales que integran los reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que se nutren a través de datos proporcionados por las propias Procuradurías de Justicia de las diferentes entidades del país.
Es decir, el propio gobierno poblano conoce de la complicada situación que se vive en el estado, pero hace todo lo posible por callarlo en el discurso.
Al contrario, desde la perorata oficial, se intenta vender obsesivamente a Puebla como un estado seguro, ejemplo en materia de combate al crimen.
Falso.
De acuerdo con estos datos duros, el crecimiento del delito en Puebla muestra una constante tendencia a la alza, sobre todo en aquellos que dañan de peor manera el tejido social: los famosos “delitos de alto impacto”.
Seguramente las razones que explican lo anterior son muchas y muy diversas.
Sin embargo, resulta evidente que se ha fracasado rotundamente en la designación de los responsables de aplicar con éxito la estrategia de seguridad pública en este gobierno.
Tomando en cuenta los 3 años que considera el reportaje, buena parte del mérito de haber convertido a Puebla en un paraíso para los delincuentes recae en Facundo Rosas Rosas.
Ocioso sería repetir por enésima vez en este espacio los penosos episodios que marcaron su paso por la Secretaría de Seguridad Pública estatal, pero sin duda será recordado eternamente por tres características principales: abusos de poder y violaciones sistemáticas a los derechos humanos, monumental fracaso en la estrategia de capacitación de los cuerpos policíacos y asociación con grupos relacionados con la delincuencia organizada.
El gobernador Moreno Valle aguantó a Facundo contra viento y marea, debido al nivel de información “delicada” con la que contaba el funcionario y por las jugosas ganancias que generaba para el grupo en el poder.
Todo parece indicar que la llegada de Jesús Rodríguez Almeida no ha cambiado nada de lo anterior.
El indicador que mide la incidencia de delitos considera información actualizada hasta el último día del mes de octubre de este 2015.
El nuevo secretario tomó protesta de su cargo a principio del pasado mes de agosto.
Para muchos, la eficacia en las tareas de seguridad pública necesitan tiempo para dar resultados, por lo que argumentarán que habrá que dejarlo trabajar.
El problema es que, de entrada, no se ven mejoras concretas.
Como le comenté en una entrega anterior, la SSP estatal no tiene responsables asignados en áreas específicas de suma importancia en el desempeño de la secretaría, lo cual resulta por lo menos preocupante.
Todos los días somos testigos de auténticas historias de terror de ciudadanos que han sido víctimas de la delincuencia y de policías que, lejos de combatirla, en los hechos fungen como sus más valiosos aliados.
Algo de plano no funciona.
Por si fuera poco, el pasado reciente de Rodríguez Almeida no ayuda.
Como encargado de la seguridad pública al inicio de la administración de Miguel Ángel Mancera en la capital del país, el hoy funcionario poblano tuvo que lidiar con casos como los doce jóvenes de Tepito secuestrados en el bar Heaven, los homicidios en el Body Extreme y el Bar Black, ejecuciones, colgados, encajuelados, además de un crecimiento exponencial en delitos como el asalto a mano armada, el secuestro y la extorsión.
A partir de la llegada de Mancera y Rodríguez Almeida al gobierno del DF, la poderosa mano de la delincuencia organizada se hizo sentir.
En enero de 2014, a un año del inicio de ese gobierno, especialistas en seguridad pública y derechos humanos como Luis de la Barreda y Ernesto López Portillo, declararon a la revista Proceso su preocupación por esta cruda realidad:
“…la presencia del crimen organizado y la negación de la violencia no son algo nuevo. El problema es que esa situación ha impedido que se tomen decisiones adecuadas contra la creciente criminalidad”.
“Hay un problema serio en la Ciudad de México, donde además de los asesinatos hay una alta incidencia de secuestros y robos con agresión”…
En este contexto, el panorama no puede ser más oscuro.
La seguridad de personas y bienes materiales sigue siendo la principal preocupación de los habitantes de este estado.
Fracasar rotundamente al momento de dar resultados concretos en este tema, es la peor carta de presentación para quien pretende gobernar este país.
