Por Shanik David
Para los coordinadores de las bancadas morenovallistas, la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se trató de un revés, ya que las modificaciones que se ordenaron fueron mínimas.
Esta fue la postura que sostuvo el coordinador de la fracción de Acción Nacional, Jorge Aguilar Chedraui, quien señaló que de los más de 400 artículos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales que fueron reformados en agosto, sólo se ordenó el cambio de siete.
Además, fue enfático al indicar que se dejó uno de los requisitos más importantes desde su perspectiva, que es el que los candidatos ciudadanos deberán tener al menos 12 meses de no militancia en algún partido político antes del proceso electoral.
Este lineamiento, dijo el exsecretario de Salud, sirve para que personajes como Ana Teresa Aranda dejen de buscar “seguir viviendo del erario público” al postularse en cargos de elección popular por la vía independiente.
Incluso, en vez de reconocer la responsabilidad de la bancada panista en la declaratoria de inconstitucionalidad de la reforma electoral de Puebla, el morenovallista acusó que la discusión no era esa sino que el Partido Revolucionario Institucional actuó de manera “incongruente”, pues mientras en Puebla fueron en contra de los candados anti-independientes, en otros estados los han impulsado.
A pesar de esto, comentó que el Congreso acatará la resolución de la Corte y estimó que antes de que termine el tercer período ordinario, o sea el 15 de diciembre, ya se tendrán las modificaciones listas.
Una postura similar manifestó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Carlos Martínez Amador, quien refirió que de “los cuatro puntos importantes sólo uno se vino abajo”, esto a pesar de que, por el contrario, de la mayoría de los requisitos que impusieron los diputados locales para la participación ciudadana, sólo quedaron dos firmes: el 3 por ciento de firmas que deben recopilar los aspirantes y el período de separación partidista previo a su registro.
El coordinador de los diputados perredistas incluso dijo que él no consideró que los ministros hayan emitido una llamada de atención al Congreso poblano, y resaltó que él no escuchó las expresiones que calificaron la reforma estatal como “excesiva” o “absurda”.
El diputado refirió además que no se puede decir una supuesta victoria pues se mantuvo el porcentaje de firmas que fue uno de los puntos más cuestionados, pero evadió referir el resto de los candados que si fueron desechados.
Comentó que se está a la espera de que la SCJN notifique de manera oficial este resolutivo para que se inicie el análisis de las modificaciones, para las cuales “pedirán opiniones”.
Por el contrario, Socorro Quezada Tiempo acusó que con el resolutivo de los ministros el Congreso de Puebla “volvió a hacer el ridículo”, pues tuvo que venir una instancia federal a corregir las fallas del procedimiento; incluso, refirió que ya con este antecedente, se podría dar un caso similar si los legisladores locales mantienen su rechazo a legislar en materia del matrimonio igualitario, pese a ya existir una sentencia de la Suprema Corte.
Recordó incluso que ella fue de las pocas voces que se levantaron el pasado 22 de agosto cuando se presentó la iniciativa en el pleno y denunciaron que los requisitos eran “absurdos”.
Por este motivo, reconoció la postura de los ministros y señaló que ahora el Congreso del estado tiene un período de 30 días para hacer las modificaciones al COIPE para acatar las indicaciones que emitió la SCJN.
