Por: Valentín Varillas
Franklin Nieves es el nombre del Fiscal que llevó el caso contra el opositor venezolano Leopoldo López, encarcelado por el régimen de Nicolás Maduro.
Agobiado por los remordimientos, hoy vive exiliado en Miami junto con su familia esperando que el gobierno de ese país le otorgue el asilo político.
En entrevista con el diario español El País, Nieves expone el cúmulo de irregularidades jurídicas que se dieron en torno al proceso legal instrumentado por consigna para aniquilar la lucha política de la disidencia en ese país.
Comparar lo descrito por el arrepentido persecutor con la realidad que se vive en Puebla en materia de procuración e impartición de justicia resulta inevitable.
Las coincidencias en los casos en donde el gobierno estatal ha emprendido una brutal cacería jurídica en contra de sus críticos son abrumadoras.
No en balde, diversas organizaciones encargadas de la defensa de los derechos humanos en el país aseguran que en el estado existen 241 personas encarceladas por encabezar diversas luchas sociales, expresar libremente sus ideas o simplemente defender sus derechos fundamentales.
Aquí, algunos párrafos reveladores del demoledor mea culpa de Franklin Nieves, que bien pudieron haber sido de la autoría de cualquier ministerio público o juez poblano:
“En Venezuela hay persecución contra los fiscales y los jueces y tenía temor porque allí funciona la ley del miedo”.
“…obligar a los expertos, a los funcionarios, a los testigos a que respondieran las preguntas que les hacíamos. Preparábamos las respuestas, luego firmaban y listo”.
“Las pruebas falsas constan en el expediente, pero cuando hicimos la acusación , tergiversamos la información. Y donde no había fuego, poníamos que sí había existido fuego”.
“Leopoldo López es inocente, en ningún momento llamó a la violencia (…) Nosotros pusimos en la acusación que cuando se retiró de las manifestaciones empezaron las agresiones contra el edificio de la fiscalía y eso es totalmente falso”.
“Juré defender la Constitución y las leyes…He pisoteado todo en mi carrera, los estudios de Derecho Penal, de Derecho Internacional Humanitario…¿Qué hice? Tanto tiempo preparándome para al final…”.
“No, no. Conmigo o sin mí la condena era segura. Si yo renunciaba , me iban a hacer un expediente, una persecución…o me mataban”.
“Lo que han hecho es allanar mi casa y una de mi esposa. Fueron a mi oficina, la registraron sin ninguna orden, se llevaron los discos duros y amedrentaron a mi personal”.
“Lajusticia venezolana tiene ahora la responsabilidad de anular el juicio. Se violaron garantías constitucionales, el derecho a la defensa…Pero en Venezuela lo que opera es una sociedad de cómplices, se protegen entre ellos porque muchas personas saben secretos de otras”.
¿No le suena todo lo anterior espantosamente familiar y cotidiano?
¿Cuántos orquestadores de procesos amañados contra opositores al gobierno poblano necesitarían ensayar una catarsis similar?
¿Tendrían el valor de hacerlo ahora o esperaran, valientes, al fin de la era morenovallista?
Y lo más importante: ¿cuánto tiempo podrán aguantar el abrumador cargo de conciencia?
