Por: Valentín Varillas
Los tres últimos años del sexenio de Rafael Moreno Valle quedarán marcados por las omisiones e ineficiencias de la cartera más importante de la administración pública estatal: la ya patética Secretaría General de Gobierno.
La jefatura del gabinete, el centro neurálgico de la operación política y la toma de decisiones estratégicas, ha dado la nota en casos como el de Ajalpan y Chalchihuapan, dos coyunturas demoledoras para el actual grupo en el poder.
Luis Maldonado Venegas y Jorge Benito Cruz, con sus monumentales pifias, han arrastrado penosamente el prestigio de una dependencia en teoría reservada únicamente para los más capaces, los mejores, quienes se supone llegan por méritos propios al margen de compadrazgos y amiguismos.
En los hechos, nada que ver.
Esta dupla perversa ha mostrado una evidente incapacidad en dos aspectos fundamentales dentro del ámbito de competencia y responsabilidades inherentes a su cargo: la capacidad de resolver conflictos a través de la negociación y el diálogo y utilizar la información obtenida por la cada vez más tecnificada “inteligencia” estatal, para detectar a tiempo potenciales riesgos para la gobernabilidad del estado y poder actuar en consecuencia.
En ambos, el fracaso es rotundo.
Previo al linchamiento de dos encuestadores en Ajalpan, diversas organizaciones sociales alertaron a la SGG sobre una peligrosa y creciente inconformidad de habitantes de por lo menos 9 municipios poblanos con el actuar de sus autoridades.
Denuncias sobre descarados actos de corrupción, malos manejos de recursos, además de una probada ineficacia –en algunos casos intencional- para combatir actos delincuenciales, fueron simplemente ignoradas por la Secretaría General de Gobierno.
La respuesta implícita -la de la obsesiva negación- se daba en el discurso oficial al no aceptar nunca que existieran en los hechos aquellos “focos rojos” que manejaban con oscuras intenciones los enemigos del régimen.
Vino la orgía de sangre en Ajalpan y entonces se dimensionaron con toda crudeza las consecuencias de semejantes omisiones.
Una dependencia tuerta, casada con una visión parcial y sesgada de la realidad, no pudo actuar con la rapidez y eficacia que una emergencia tal ameritaba.
Lo anterior demuestra que los más de 320 millones de pesos que se han gastado en esta administración en tecnología que les permite acceder a prácticamente cualquier tipo de información, es utilizada únicamente para ajustar cuentas con personajes que han sido etiquetados como “incómodos” y no como valiosa herramienta de prevención de conductas delictivas u otras actividades ilegales.
En el caso Chalchihuapan, la cerrazón de la SGG incidió directamente en la toma de la autopista a Atlixco por pobladores de esa junta auxiliar y en la trágica muerte a manos de policías estatales del niño indígena José Luis Tehuatlie Tamayo.
Prácticamente desde el mismo momento en el que el congreso local aprobó las modificaciones de ley que tenían como consecuencia el retiro de la facultad que tenían autoridades auxiliares de manejar el registro civil, estos ediles buscaron establecer una vía de diálogo con el entonces secretario, Luis Maldonado.
Por varias semanas buscaron sendas reuniones con quien en teoría era el encargado de la gobernabilidad estatal para enterarlo de las negativas consecuencias que esta medida tendría para los habitantes de estas comunidades y proponer alternativas de solución al problema.
Jamás fueron recibidos.
La respuesta lógica -como medida de presión- fue la toma de vialidades, con la trágica consecuencia del asesinato de José Luis, una vez que se autorizó echar a andar un salvaje operativo en donde quedó en evidencia la falta de capacitación y conocimiento de los más elementales protocolos, por parte de nuestros supuestamente primermundistas policías poblanos.
Ajalapan y Chalchihuapan son un lastre para el gobernador Moreno Valle, gracias a quienes no han tenido los tamaños necesarios para llevar a buen puerto la instancia considerada como la columna vertebral de la administración pública estatal.
Lejos de sufrir las consecuencias de su falta de capacidad, para Maldonado y Cruz Bermúdez el futuro político luce por demás generoso.
El novel perredista amarró la presidencia de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, una de las más importantes en la cámara baja del legislativo federal.
Jorge Benito, por absurdo que parezca, con los hechos en Ajalpan parece haber garantizado su permanencia en el cargo por mucho más tiempo del que los pronósticos arrojaban.
Al encargado de despacho siempre le regatearon el convertirlo en secretario con todas las de la ley, lo que muestra que era una pieza prescindible para el gobernador en su gabinete.
Es un secreto a voces que la relación entre ambos es pésima y que su permanencia en la administración pública poblana se debía a que simplemente no encontraban a su reemplazo.
Inclusive, varias versiones coincidían en que buscó insistentemente colarse al gobierno del michoacano Silvano Aureoles a través de la Secretaría de Educación Pública de ese estado.
Jorge Benito encontró en Ajalpan un auténtico respirador artificial.
Correrlo ahora -en la lógica oficial- sería un signo de debilidad, además de un reconocimiento implícito de la responsabilidad del gobierno del estado en los hechos.
¿Cómo la ve?
Nadie sabe para quien trabaja
¿Quién dijo que había justicia en la política?
