Por Shanik David
Una vez más, los tribunales federales echaron atrás una resolución de la Comisión para el Acceso a la Información Pública al considerar que los argumentos que se presentaron para negar información que fue solicitada por los canales de transparencia no fueron correctos.
El caso en cuestión fue llevado por el abogado Juan Bosco Rosilo Martínez, quien explicó que con los juicios que se han ganado en los juzgados federales en contra de la CAIP se deja ver cómo este organismo construye resoluciones para apoyar el bloqueo al acceso a la información casi de manera sistemática.
El expediente que se llevó a los tribunales corresponde a una solicitud de información presentada por el periodista Ernesto Aroche en octubre de 2013, cuando pidió a la Secretaría de Finanzas y Administración, “a qué empresas (nombre y/o razón social) se concesionó y/o rentó, los espacios comerciales ubicados en el Centro Cívico 5 de Mayo”.
Esto, pues como antecedente se tenía una solicitud de información -hecha por esta reportera- en la que dicha dependencia había respondido que en 2012 se habían recaudado 351 mil pesos por la renta de estos locales.
Sin embargo, en respuesta a la segunda solicitud de información, la SFA dijo no tener los datos solicitados porque se había transferido el manejo de los espacios al organismo público descentralizado Centro de Convenciones Puebla -hoy Convenciones y Parques-.
Ante esto, se recurrió a los tribunales en donde se le dio la razón al solicitante, pues aunque ya no operara los espacios, la secretaría debería tener los documentos en sus archivos.
Sin embargo, esta sentencia se desechó en primera instancia debido a que hubo una violación al proceso porque no se mandó a comparecer a todos los involucrados, por lo que se tuvo que reponer el procedimiento.
Fue como parte del segundo juicio, el cual terminó en manos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que se dictó la nueva sentencia, con la cual se deja sin efecto la resolución de la CAIP, la cual avaló que no se diera a conocer la información.
Resalta, que este caso, así como otros que se han ganado en los tribunales federales, fue presentado en el pleno por el comisionado Federico González Magaña, quien ya suma al menos cuatro derrotas en el plano legal por sus resoluciones.
Además del precedente que marca esta nueva “corrección de plana” por parte del Poder Judicial, Rosilo Martínez resaltó que estas sentencias dan un mensaje favorable en relación a que ya los tribunales tienen un mejor conocimiento del derecho de acceso a la información pública.
Esto, explicó, implica que las personas que ejercen este derecho “no están solas” y que cuentan con una instancia a la cual pueden recurrir cuando en los órganos locales se les niegue la información que solicitan por esta vía.