Por Shanik David
Los altos índices de contaminantes que emiten los automóviles a diésel de Volkswagen que se han visto involucrados en el escándalo ambiental en Estados Unidos, se debieron haber visto reflejados en las verificaciones hechas por las autoridades locales.
Esto pues a diferencia del mecanismo que se emplea en la Unión Americana, donde las verificaciones ambientales se hacen por medio de sistemas tecnológicos, los cuales eran engañados con el software que se instaló en los vehículos de la empres alemana, en México estas revisiones se hacen de manera mecánica.
Lo anterior implica que el resultado de este procedimiento no pudo ser alterado por el programa instalado en estos coches, lo cual levanta la duda sobre el por qué esto no fue reportado en los verificentros cuando se revisaban las unidades.
Ante esto, los ciudadanos del estado de Puebla que tengan una de las unidades que formaron parte de este fraude ambiental pueden demandar no sólo a la Volkswagen sino incluso al gobierno del estado, pues la verificación vehicular es una obligación de la autoridad estatal y esta podría no estar cumpliendo con los estándares internacionales en materia ambiental, señaló Luis Soriano Peregrina, representante de la organización Voz Ciudadana.
“Los usuarios no son los culpables”, puntualizó el activista, quien fue uno de los impulsores de los amparos y quejas que se presentaron ante las autoridades estatales por el cambio en el modelo de la verificación vehicular, al momento de señalar que si este nuevo sistema que se implementó el año pasado era tan efectivo tuvo que haber levantado la señal de alerta ante los altos niveles de contaminantes que emiten estas unidades alteradas.
Por este motivo, reiteró que si los usuarios sienten vulnerados sus derechos por este problema y la falta de una verficiación real de los motores a diésel, es viable la presentación de demandas en contra de la empresa y el gobierno, como ya sucedió en California.
Por otra parte, Soriano Peregrina lamentó la situación que se ha generado en torno a la Volkswagen, pues no sólo se viene un grave conflicto económico y de desempleo en el estado con el posible cierre de líneas de producción y de proveedoras de la empresa automotriz, sino que en conjunto entre la planta de Cuautlancingo y la de Audi que se instalará en San José Chiapa, el gobierno poblano ha “cobijado” a la trasnacional con transferencias multimillonarias.
Tan sólo para la infraestructura de Audi se han destinado 10 mil 700 millones de pesos, apuntó el activista, por lo que es necesario que se tomen cartas en el asunto.
Esto lo comentó luego de que la mañana de este lunes acudió a la Secretaría General de Gobierno para entregar un oficio en el cual se enlistaban una serie de propuestas de acciones para tomar en este sentido.
Sin embargo, refirió que tuvo que esperar por casi dos horas para que los funcionarios de la dependencia aceptaran el documento, lo cual dijo es un ejemplo de la postura que mantienen las autoridades en cuanto a la relación con las organizaciones sociales.
En este documento, en el cual enlistan las problemáticas que se derivarán con la crisis de la VW, se propone, entre otras cuestiones, que se entablen mesas de diálogo con la empresa y Audi, en la cual participen integrantes de la sociedad civil, para que se acuerde que el 70 por ciento de los trabajadores que sean contratados, así como de las proveedoras que se utilicen sean originarias del estado de Puebla.
Además que se instale un Consejo Ciudadano de la Administración de los Recursos Públicos y su Correcta Aplicación, para vigilar la forma en la que el gobierno ejecuta proyectos de inversión, y que las automotrices se comprometan a evitar los despidos de los trabajadores de las plantas, pues ellos no son los responsables de la polémica que se ha generado.
