Por Shanik David
El manejo de las pautas publicitarias por parte del gobierno de Rafael Moreno Valle ha sido señalado como uno de los más opacos a nivel nacional por organizaciones sociales, pues incluso, pese a tenerse documentadas las faltas en las que incurre la administración estatal, estas quedan impunes.
Esto se indica en el informe “Libertad de Expresión en Venta”, realizado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación y Artículo 19, en el cual se miden los indicadores en cuanto a la rendición de cuentas de las entidades federativas en materia de manejo de recursos públicos para la promoción gubernamental.
Para éste, los representantes de estas dos organizaciones presentan solicitudes de información a los estados pidiendo la información de su gasto en publicidad oficial por cinco rubros: presupuesto autorizado, presupuesto ejercido, por medio, por proveedor y por campaña o concepto.
Durante los primeros tres años que se realizó este estudio, Puebla fue calificado con cero puntos en una escala de cinco, sin embargo para la cuarta edición, al fin, se entregó parte de la información requerida.
En total, el gobierno poblano recibió tres puntos por proporcionar la información de presupuesto autorizado y ejercido así como el desglose por proveedor.
Sin embargo, en el documento se indica que Puebla es uno de los estados en los que se tiene una grave confusión al considerar que el presupuesto en publicidad oficial y el de la Coordinación de Comunicación Social es lo mismo, por lo que incluso la información proporcionada no es similar a la de otros estados de la república.
En el informe se indica que en 2011 y 2013, únicos años en los que la administración morenovallista proporcionó la información del gasto de Comunicación Social, se destinaron 337 millones 531 mil 815 pesos para este rubro.
Esto significa que en promedio la administración estatal gasta 462 mil 721 pesos en comunicación social y difusión de las acciones del gobernador Moreno Valle.
Incluso se menciona que Puebla y el Estado de México son casos únicos a nivel nacional, pues en estas entidades el 60 por ciento de los recursos que se destinan para la promoción oficial se destinan a canales de televisión, cuando el promedio nacional es el 29.9 por ciento.
Puebla ejemplo de impunidad
Dentro del informe se incluye un capítulo exclusivo del caso de Puebla, por los abusos en los que ha incurrido Rafael Moreno Valle para la promoción de su primer y tercer informe de gobierno y cómo pese a esto no ha sido sancionado.
Se menciona, por ejemplo, que en 2012 el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) determinó que el gobernador violentó el artículo 134 Constitucional, que marca que los titulares de los ejecutivos locales sólo pueden promover su imagen personal para la publicidad de su informe de labores.
Sin embargo, Moreno Valle abusó de esta disposición al promocionarse en salas de cine de todo el país, por lo que se ordenó al Congreso local que impusiera una sanción al gobernador y al titular del área de comunicación social.
Pese a esto, los diputados de la LVIII Legislatura se dijeron incompetentes para tomar esta acción, por lo que el mandatario quedó sin castigo alguno.
Un escenario similar se repitió en 2014, cuando el Instituto Nacional Electoral acreditó la promoción de Moreno Valle en estaciones de radio y televisión de otros estados de la república, al contabilizarse dos mil 758 spots extraterritoriales.
Una vez más, el caso se envió al Congreso local para que se determinara alguna sanción, pero no se dictó alguna; sólo el área de la Contraloría estatal dictaminó una amonestación privada para el entonces coordinador de comunicación social, Marcelo García Almaguer.
“Puebla es un claro ejemplo de impunidad ante el abuso de la publicidad oficial y su excepción electoral. Muy a pesar de que el mandatario fue declarado responsable de infringir la Constitución y el código electoral, de manera reiterada en 2012 y 2014, las autoridades correspondientes no han aplicado las debidas sanciones”, se indica en el documento.
Además, se señala que esto se debe a la poca reglamentación que hay para el uso de la publicidad oficial lo cual permite que los servidores públicos se burlen de ésta.
