Por Shanik David
A casi seis meses de la agresión de la que fueron objeto miembros del Colectivo Universitario para una Educación Popular en el zócalo de Puebla, este lunes la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla emitió una recomendación dirigida al presidente municipal, José Antonio Gali Fayad, por estos hechos.
El el documento, registrado con el número de expediente 11/2015, se señala que elementos de la policía municipal violaron el derecho a la seguridad jurídica y personal, así como la integridad de los 30 estudiantes que fueron agredidos el pasado 8 de febrero.
Esto, pues los uniformados no intervinieron para apoyar a los jóvenes, a pesar de que vieron la agresión y que incluso algunos de éstos les pidieron su apoyo.
Por este motivo, la comisión recomendó que se abran procesos en la Contraloría municipal y la agencia del Ministerio Público correspondiente en contra de los 19 agentes que se vieron involucrados en los hechos, además de que la comuna repare el daño hecho a los estudiantes que fueron agredidos.
Como parte de la narración de los hechos, se describe que el 8 de febrero, alrededor de las 3:20 de la mañana, los jóvenes integrantes del colectivo se encontraban en un campamento que habían establecido en la plancha del zócalo, como parte del movimiento para la apertura de más espacios al interior de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
A esa hora, llegaron al lugar un grupo de cerca de ocho personas vestidas de civil quienes agredieron a los jóvenes que se encontraban dormidos.
Sin embargo, al momento de contrastar las versiones oficiales, se detectó un encubrimiento de la participación de la policía municipal en los hechos, pues en la recomendación se indica que la directora jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública indicó al organismo “que los elementos de referencia reportaron no haberse percatado de las acciones cometidas contra el citado grupo de personas”.
Esto a pesar de que como parte de las indagatorias se tuvo acceso a los partes oficiales emitidos por cada uno de los policías, en los cuales todos reconocieron haber visto una “riña” en el zócalo, pero como ninguno de los agredidos pidió apoyo por eso no intervinieron.
Aunque, se indica en el documento, estas no fueron las únicas pruebas, pues también se tuvo acceso a los vídeos de las cámaras de vigilancia del zócalo, en las cuales se pudo acreditar la presencia de los policías, así como el acercamiento que tuvieron por parte de algunos de los jóvenes que se encontraban en el lugar.
“Como se deriva de las videograbaciones, los elementos policíacos llegaron al Zócalo de Puebla, Puebla, permanecieron como espectadores y se retiraron del lugar”, se señala al momento de destacar la grave omisión de los policías al no garantizar los derechos básicos de los estudiantes que fueron agredidos.