Por Shanik David
Hace casi dos meses, siete jóvenes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla fueron detenidos de manera arbitraria, sacados de sus domicilios y llevados a la Procuraduría General de Justicia acusados de ser los responsables de actos vandálicos en contra de inmuebles públicos; este hecho cambió la vida de los estudiantes, quienes incluso podrían ver truncados sus planes universitarios por esta situación.
Miguel Ángel Rosas Bourgees, académico de la BUAP y padre de Carlos Arafat Rosas Bourgees, uno de los jóvenes detenidos, explicó que desde los hechos de la madrugada del 5 de junio, la vida de los estudiantes se ha complicado, pues han tenido que cambiar muchos aspectos de su vida por el proceso que tienen abierto.
Desde entonces, los abogados de los estudiantes han solicitado tres amparos para proteger a los jóvenes de cualquier detención, además de que se les permita presentar pruebas de descargo, pero los jueces federales han negado esta protección a los universitarios.
Ante este escenario, explicó el padre de familia, los jóvenes podrían no regresar a clases este lunes, ya que “sabemos cómo se las juega el gobierno”.
“La autoridad federal en este caso se ha negado a admitir el procedimiento del amparo, argumentando cosas ridículas como que requieren que se presenten los muchachos para ratificar su petición de amparo, siendo que piden el amparo porque temen por su libertad”, describió.
Rosas Bourgees añadió que si bien los jóvenes si tienen una vida política activa, esto se debe a que buscan mejorar las condiciones del país, pero que esto no los hace culpables de los atentados en contra de las oficinas del Instituto Nacional Electoral, de la Secretaría de Economía y del paradero del Metrobús de los cuales se les acusa, hechos con los que puntualizó, ninguno de los siete estudiantes tuvo algo que ver.
“Estamos a punto de regresar a clases, y si no tienen el amparo peligra su seguridad”, lamentó el académico universitario.
Por este motivo, lanzó un llamado para que los jueces reconsideren y que den las garantías que necesitan los jóvenes para poder continuar con su vida, y que se deje de usar al sistema de justicia como un garrote en contra de los ciudadanos.
Esto pues aunque en la PGJ les han indicado que no hay más cargos abiertos en contra de los adolescentes, “con la mano en la cintura inventan lo que sea, utilizan de manera descarada las instancias que deberían garantizar los derechos de los ciudadanos y la pacifica convivencia, las están utilizando como métodos para amedrentar a la población”.
