Por: Valentín Varillas
Una de los primeras acciones que tomó Aldo Burelo como flamante nuevo Coordinador de Asesores del gobierno de San Andrés Cholula, fue convocar a una reunión “urgente” con constructores y desarrolladores inmobiliarios que estaban a punto de terminar sus respectivos proyectos en aquel municipio.
La cita se dio a finales del pasado mes de junio, por la noche, en un restaurante de la vía Atlixcáyotl.
El funcionario se presentó con lujo de amabilidad, preguntó a cada uno cómo iban sus obras y se puso a sus órdenes en caso de que necesitaran asesoría para la obtención de un permiso o bien para la conclusión de un trámite.
Tomó nota meticulosamente.
El encuentro concluyó en el mejor de los términos y los empresarios se retiraron con la idea de que había indicios de que por fin, la corrupción institucional -esa que lleva décadas enquistada como cáncer maligno en el servicio público de aquel municipio- podría llegar a su fin.
Tardaron menos de 24 horas en desencantarse.
A la mañana siguiente, cada uno de los convocados fue citado de manera individual en las oficinas personales del funcionario, ubicadas sobre la Calzada Zavaleta.
Con los expedientes en mano, Burelo, de acuerdo a cada caso, proponía esquemas de “mutua colaboración” para que los constructores no tuvieran ningún problema con el finiquito de sus respectivas obras.
Por ejemplo, a quienes actualmente desarrollan fraccionamientos en el municipio, la mayoría, les propuso negociar el porcentaje de áreas verdes que obliga la ley a otorgar para la comuna (20%).
La propuesta era la siguiente: la entrega , dos días después, de un millón de pesos en efectivo y el pago de otro millón al momento de entregar la licencia de terminación de obra y el dictamen de áreas de donación.
A cambio de este dinero, los empresarios tendrían que donar únicamente el 5% del total del área desarrollada.
Los términos de verdad descontrolaron a los constructores.
Mucho más, la esquizofrénica mutación del amable y decente funcionario al vulgar extorsionador.
Y es que, la propuesta de Aldo Burelo iba acompañada de una abierta y explícita amenaza: de no estar de acuerdo con los términos pactados, los empresarios sufrirían el embate del aparato oficial.
Esto significa en términos llanos el retraso en la entrega de documentos y la respectiva terminación de obra, además de las inevitables clausuras de éstos y otros proyectos.
Según Burelo, los supervisores de obra de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología de San Andrés Cholula están a su cargo y lo obedecen de manera inmediata, recibiendo órdenes sobre cuáles obras clausurar y a qué otras permitirles trabajar sin los permisos correspondientes.
¿Cómo ve?
Nada nuevo.
El paso de Burelo por la SDRSOT, de la mano de Mario Rincón, dejó una estela de desaseo sin precedentes en esa dependencia, por lo que era cuestión de tiempo que empezara a hacer lo mismo en su nueva responsabilidad.
Además, el hoy funcionario municipal ha encontrado en Leoncio Paisano y sus secuaces, a sus mejores aliados para volver todavía más rentable el negocio de la corrupción institucional.
No tienen llenadera.
