Si bien es una realidad que los avances tecnológicos son aprovechados desde hace años por candidatos para enviar diversos mensajes al electorado potencial y que por lo tanto se han convertido ya en parte importante de la práctica política cotidiana, también es cierto que su uso frecuente ha redundado en abusos que atentan contra la tranquilidad y privacidad de quienes reciben estos mensajes.
Algunos son violatorios de los protocolos básicos de privacidad, que en teoría están protegidos por la ley.
Por ejemplo, en el caso de venta y promoción de productos y servicios ofrecidos por bancos e instituciones financieras o de seguros reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Condusef ha puesto a disposición de la ciudadanía un mecanismo efectivo de “protección” contra llamadas no deseadas y en donde basta inscribirse vía telefónica a una base de datos para dejar de ser molestados.
En el caso de la propaganda política vía telefónica, no existe un mecanismo similar.
Uno de los puntos que más indignan a ciudadanos hartos de encontrar diariamente mensajes de partidos y precandidatos en su correo electrónico, es que éstos no incluyen algún mecanismo que les permita decidir si quieren o no continuar recibiendo la propaganda.
En teoría, quienes envían sistemáticamente información por esta vía tendrían que proporcionarle al destinatario alguna manera que les permita decidir si desea o no seguir siendo parte de estas listas de receptores potenciales y así poder evitar seguir recibiendo propaganda política no deseada.
Quieran o no, les interesen o no, cada uno de estos correos entran impunemente a las cuentas de miles de estos destinatarios.
“Basura electrónica”, le llaman con razón.
También están preocupados por el tema de la seguridad.
Las empresas contratadas por partidos para promocionarse vía internet, en la mayoría de los casos no se toman siquiera la molestia de ocultar las direcciones de otros destinatarios, por lo que esta información se encuentra a la vista de cualquiera que reciba el mensaje.
A pesar de que existen mecanismos muy sencillos para garantizar la confidencialidad de esta información y evitar que se conozcan los detalles de quiénes son los destinatarios, en todos y cada uno de ellos se viola flagrantemente su privacidad.
De esta manera, cualquiera puede tener acceso a miles de cuentas de correo que puede utilizar a conveniencia y con total impunidad para cualquier fin.
Generación de más basura electrónica, fraudes cibernéticos, chantajes, las posibilidades son ilimitadas.
Ahora bien ¿qué tipo de prácticas realizan partidos y candidatos para obtener esta información?
¿Se han convertido ya en cómplices del ilegal mercado negro de bases de datos que lucra a través del tráfico de información supuestamente confidencial?
¿No se supone que lo anterior es un delito?
La respuesta es obvia y a la vez preocupante.
Quienes hoy pretenden gobernarnos no tienen empacho en privilegiar la ilegalidad con tal de obtener alguna ventaja en la lucha por el poder.
Lamentable.
Lo anterior pudiera parecer una minucia en términos de la práctica política real, pero no lo es.
Nos muestran a candidatos y partidos autoritarios, caprichosos y tramposos, muy poco sensibles al derecho ciudadano de respeto a la privacidad.
¿Se los imagina si llegan al cargo?
