La Secretaría de Gobernación federal reconoció la existencia de al menos ocho personas consideradas como presos políticos en el estado, esto a decir del delegado de la dependencia federal Noé Roldán Rodríguez.
Ante los señalamientos hechos por el encargado de despacho de la Secretaría General de Gobierno de Puebla, Jorge Benito Cruz Bermudez sobre la inexistencia de presos políticos en la entidad, Roldán Rodríguez comentó que dentro de las mesas de diálogo con los activistas que forman parte del Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla hay una serie de expedientes pendientes de revisión, los cuales se tratan de personas que se encuentran encarceladas por supuestos delitos cometidos, pero que podrían estar vinculados con su rechazo a ciertas medidas gubernamentales.
El delegado apuntó que cuando comenzaron las mesas se trataban de nueve personas, pero que una de éstas ya salió libre, esto en alusión al caso de Juan Carlos Flores Solís, vocero del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, movimiento que se opone a la construcción del Proyecto Integral Morelos, y quien fue liberado en enero pasado luego de pasar 9 meses en la cárcel de San Pedro Cholula.
Sin embargo, quedan abiertos otros expedientes, como el de Rubén Sarabia Sánches, mejor conocido como Simitrio, y su hijo Atl Sarabia, ambos dirigentes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, quienes fueron detenidos en diciembre del año pasado.
Además sigue pendiente el tema de los cuatro habitantes de San Andrés Cholula quienes fueron detenidos por la toma del ayuntamiento de Cholula en rechazo a la construcción del Parque de las Siete Culturas.
También sigue pendiente el análisis de los expedientes de los presidentes auxiliares de la Resurrección, San Miguel Canoa y San Bernardino Chalchihuapan, quienes encabezaban el movimiento en contra del retiro del registro civil de estas demarcaciones y quienes fueron detenidos el año pasado.
Sin embargo, Roldán Rodríguez fue puntual al indicar que las mesas de dialogo no son para liberarlos directamente, sino que se analizan los expedientes de cada uno de los detenidos para buscar elementos para fortalecer su defensa y que puedan ser liberados en su momento.
