El rector aplica a los universitarios el mismo método que ejecuta el gobierno de Moreno Valle a la BUAP: impunidad por control político. Aprendió.
Todo empezó el 6 de noviembre del 2014. Alrededor de 30 personas de la Contraloría de la BUAP, a cargo de Mayela Delong, irrumpieron cerca de las 21:00 horas en las instalaciones de la Facultad.
Invadieron oficinas administrativas, académicas y contables, tomaron el control de computadoras y citaron a comparecer al mismísimo director Carlos Moreno; a Alejandro Rebollar Mier, secretario administrativo; Patricia de los Ángeles, secretaria Académica; César Edmundo Pimentel, coordinador del Bufete Jurídico; y Miguel Quiroz Carcaño, responsable de la contabilidad.
Los despojaron de celulares o cualquier sistema de comunicación con el exterior. Ni una llamada a su abogado, fueron tratados como delincuentes.
La presunción es que el director se chingó 28 millones de pesos y, desde el punto de vista académico, se traficaba con calificaciones. Esa noche y la madrugada del 7 de noviembre sellaron puertas, cajones e iniciaron una auditoria que todavía sigue con el número CG-CDI-05/2014.
Lo lamentable es la alcahuetería del Tío Poncho, pues en lugar de proceder a la destitución y actuar legalmente, no, se volvió cómplice. Envió a vigilar e investigar en Derecho, a su operador de la Facultad de Contaduría, David Hernández Arvizu, a quien se le conoce en los pasillos universitarios como el agiotista de Esparza, pues presta dinero a empleados y profesores a cambio de un elevado interés mensual.
A partir de lo que Hernández Arvizu reportó fue que Esparza empezó a crear grupos antagónicos al equipo de Moreno.
La auditoría reventó. Según el oficio CG DAJRCR-262/2014 se ampliará la revisión ante el cúmulo de irregularidades, aunque se subraya que las conclusiones tendrán el carácter de reservadas.
Esparza quiere usar la auditoría para controlar Derecho. Y es que Al Portador supo de anomalías en la compra de mobiliario. El director mandó a ampliar su oficina con una facturación de 550 mil pesos cuando el costo real es de 200 mil.
El principal operador del director, Jorge Bernardo Rojas Castillo, propuso mejoras en dos canchas, una de futbol rápido y otra multijuegos. El mismo universitario contrató a la constructora de un amigo: BURN SA de CV, la cual facturó una en 578 mil 473 pesos con 60 centavos y la otra en un millón 486 mil 642 pesos con 30 centavos, según facturas 453/2014 y 486/2014, respectivamente.
Los precios resultaron elevados, porque según especialistas, las reparaciones jamás rebasarían los 600 mil pesos por las dos canchas.
Tampoco aparecen por ningún lado los recursos económicos que la Facultad de Derecho recibió del Programa de Fortalecimiento Institucional por aproximadamente dos millones de pesos.
Nada se conoce sobre los criterios para el otorgamiento de becas en maestrías y doctorados, así como la validez de los exámenes de posgrado en ausencia del secretario de Investigación.
La pura transa, pues.
Hay 300 puntos de la auditoría sin solventar de parte del director Carlos Moreno. Por eso, el rector Esparza lo agarró de los huevos y ordenó desde diciembre del 2014 el asalto administrativo de la Facultad.
En franca violación al estatuto universitario, el secretario general de BUAP, René Valdivieso, pidió la renuncia a Moreno y le advirtió que se le iniciaría un procedimiento administrativo por malos manejos.
Pero -le planteó- deja que quitemos a tu personal de confianza y hagamos nuevos nombramientos.
Así, desde rectoría fueron designados en la Facultad de Derecho:
1.- Arnulfo Cordero, a la secretaría administrativa en lugar de Alejandro Rebollar Mier.
2.- Rossana Schiaffini Aponte, como secretaria de Investigación y Estudios de Posgrado, en lugar de Francisco Martínez Alpízar.
3.- Lucerito Ludmila Sánchez, como coordinadora de Maestría en lugar de Christian Federico.
4.-David Santacruz Morales, coordinador de doctorado en lugar de Javier Nájera.
El proceso de entrega-recepción está en los registros de la BUAP con fecha del 17 de diciembre del 2014 a las 10:30 horas.
El problema para Esparza y su pandilla es que el estatuto orgánico de la BUAP echa por tierra sus nombramientos.
El artículo 115, fracción VIII establece “(…) el director tendrá las facultades y obligaciones siguientes… VIII designar y remover libremente a los secretarios y funcionarios de la unidad académica y tramitar ante el rector su nombramiento”.
No es facultad del Rector ni del secretario general de la BUAP hacer tales designaciones. Lo más grave es que, por ejemplo, David Santacruz Morales fue designado coordinador del Doctorado, sin cumplir el requisito de laborar de tiempo completo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. No puede ocupar el cargo.
A Carlos Moreno, después de su informe de labores, le hicieron más que calzón chino, pues lo obligaron a firmar el nuevo nombramiento del secretario académico a favor de Georgina Tenorio, a quien Esparza le prometió quedarse como directora, pues en los próximos días destituirán al actual director de Derecho. ¿Otra sobrina, Tío Poncho?
Derecho es un ejemplo de lo chueca que está la BUAP.
Y falta la corrupción en el Bufete Jurídico, tema que le platico la próxima semana.
Esparza, mejor renuncia.
