Con un decreto de expropiación firmado por el gobernador Rafael Moreno Valle, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) despojaron a un campesino del San Jerónimo Tecuanipan de sus terrenos de cultivo, con el objetivo de continuar con la construcción del gasoducto del Proyecto Integral Morelos.
La mañana del sábado los obreros llegaron escoltados por elementos de la policía federal al terreno de Claudio Rosas Grande, ubicado en el paraje de Tecolotla, para tomar posesión del mismo, con el argumento de que el mismo había sido expropiado por las autoridades estatales.
No obstante, el decreto que le entregaron a Rosas Grande, el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, contemplaba como dueña del predio a una mujer que falleció hace tiempo, y quien antes de morir le vendió desde hace seis años el terreno al actual propietario.
Pese a esto y el rechazo expreso del dueño y pobladores de la zona, los representantes de la CFE metieron maquinaria en el predio en disputa.
Lo anterior se constituyó como un delito de despojo, toda vez que el decreto no tenía sustento legal al no hacer referencia al actual dueño, aseguró Fernando Cuellar, abogado del Centro de Derechos Humanos Joel Arriaga y representante de los habitantes de la región que se oponen a la construcción del gasoducto.
Al firmar el decreto el gobierno del estado cometió “una estupidez”, acusó el litigante, al señalar que se convirtieron en responsables de un delito grave, y documentado, en contra de un ciudadano, contra el cual ya se presentó una denuncia penal.
Sin embargo, aunque Rosas Grande se presentó ante el ministerio público para denunciar tanto al gobernador del estado como responsable del despojo, dado que él firmó el decreto de expropiación, y a los empleados de la CFE que ejecutaron los trabajos, la encargada de recibir la denuncia se mostró “titubeante” y se negó a particularizar la averiguación previa.
Cuellar describió que la ministerio público “recibió mal la denuncia” pues a pesar de presentarse pruebas dijo que no había argumentos para determinar a los posibles responsables, además de que se negó a hacer una inspección en la zona, esto a pesar de que se le notificó que la maquinaria y los trabajadores seguían en el sitio.
Por este motivo, el abogado adelantó que se harán de más documentos y pruebas para poder sustentar la denuncia.
