La pieza periodística se centra en el caso de Alejandro de Jesús Contreras Cárdenas y sus socios, quienes compraban materia prima en países asiáticos como China y los facturaban como de procedencia estadounidense para acogerse así a los beneficios fiscales considerados en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
La evasión de impuestos, en este caso en específico, según Reforma, es superior a los 4 mil millones de pesos.
Lo interesante del hecho es que la investigación parece ser apenas el hilo de una muy complicada madeja de irregularidades que podría llevar a deslindar responsabilidades por delitos similares a empresarios poblanos de la rama textil.
Y es que, para nadie es un secreto que muchos de quienes trascendieron a la demoledora crisis que afectó a esta industria en la segunda mitad de la década de los 90 recurren a prácticas similares a las que se denuncian en el reportaje.
Ante la desleal competencia que significó la entrada de textiles de origen asiático al mercado nacional y la imposibilidad de competir en estas condiciones, tuvieron que recurrir al fraude como única estrategia de supervivencia.
A algunos les fue tan bien que ya controlan buena parte de la venta al menudeo de textiles fabricados con materia prima de contrabando, material que se distribuye masivamente en tiendas del centro de la ciudad de México y en barrios como Tepito.
Para lograrlo, se convirtieron en socios o proveedores exclusivos de prominentes miembros de las comunidades judía y libanesa de la capital, a quienes venden prácticamente el 100% de su producción.
Sobra decir que el millonario negocio ha contado con la complicidad histórica de autoridades de los distintos niveles de gobierno.
Quienes hoy lo manejan en el estado se convirtieron en amigos personales de quienes en teoría tenían la responsabilidad de combatirlo.
Inclusive, gobernadores metieron varias veces las manos y aprovecharon sus influencias para evitar que sus “grandes amigos” —los que financiaron en parte sus proyectos políticos personales—acabaran en la cárcel.
Es más otros, recientemente, se convirtieron ya en prestanombres de servidores públicos de primer nivel y a través de sus “empresas” lavan el dinero que le ordeñan al erario.
Las millonarias “mochadas” se reparten a diestra y siniestra y la impunidad, hasta ahora, había estado garantizada.
Y es que las autoridades federales, si de verdad quieren llegar al fondo del asunto y no se trata sólo de un espectacular teatro mediático, tendrán que desempolvar denuncias y datos que inevitablemente alcanzarán a “empresarios” poblanos.
Esos que desde octubre pasado lucen nerviosos y han perdido el apetito.
Los mismos que pronto podrían aparecer en las primeras planas de los principales diarios de circulación nacional.
Claro, si es que es cierto aquello de que se acabó la impunidad.
