Por ejemplo, el gobierno de Rafael Moreno Valle y Codesa, para manejar la plataforma AUDI en San José Chiapa por 25 años a un precio de 2 mil millones de pesos, tienen un riesgo común, avalado por Interacciones, la empresa de Carlos Hank Rhon, ligada a grupo Higa de Juan Armando Hinojosa Cantú.
Y es que los 2 mil millones de pesos que invirtió Codesa para la plataforma se transformaron en un fondo por la cantidad de 3 mil 241 millones 305 mil pesos, equivalentes al 37 por ciento del valor original de lo comprometido para aplicar en el esquema de PPS.
El contrato quedó hipotecado.
De acuerdo con una investigación realizada por Al Portador, la obra del Centro Integral de Servicios de Puebla se encuentra en la misma situación.
Como resultado de que Alfa Proveedores y Contratistas S.A de C.V llevó a cabo el contrato del CIS para el periodo enero 2013 a diciembre del 2037, con lo que el gobierno de Moreno Valle pagará cada año 138 millones 900 mil pesos, a cubrirse en 12 meses; es decir, se liberarán 3 mil millones 333 mil 672 pesos, durante los próximos 24 años.
Pero ahora la empresa contrató una deuda de 885 millones de pesos a pagar en 17 años con Banco Multiva S.A. y dejó hipotecado con la institución financiera el contrato del CIS.
El problema para este proyecto es que existen retrasos en las ministraciones mensuales de Finanzas a Apycsa, por lo que existe el riesgo que el banco se quede con el Centro Integral de Servicios.
En la misma ruta se encuentra el Museo Internacional Barroco, cuyo monto rebasa los 7 mil 300 millones de pesos con un apalancamiento de Interacciones, intermediario financiero que forma parte de grupo Hermes, donde aparecen como socios Carlos Hank y Juan Armando Hinojosa, de grupo Higa.
El modelo aplicado en la plataforma AUDI, CIS y Museo Internacional Barroco se repite en el nuevo edificio de la Procuraduría General de Justicia y La Estrella de Puebla.
Los PPS son esquemas de coinversión entre gobierno y particulares, donde el empresario se vuelve financiero del proyecto y recibe el usufructo a largo plazo.
Lo cierto es que este esquema de inversión disfraza la contratación de deuda pública directa y permite endosar a futuros gobiernos su cumplimiento.
El negocio redondo.
El gobierno entrega la obra que financiarán particulares, pero éstos en lugar de sacar su dinero usan el contrato de la PPS para hipotecarlo, obtener liquidez para la operación del proyecto y comparten riesgos con la autoridad, la cual paga cada mes millones por la concesión a largo plazo.
