Simón Hernández, abogado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, informó que las tres quejas que interpusieron tras el rechazo de juzgados federales en los amparos que se iniciaron contra de la Ley Bala fueron a su favor, por lo que tendrán que ser reabierto el expediente y analizados para definir si se otorga el amparo o no.
Con esto avanzan las nueve demandas de amparo que se iniciaron a mediados de este año y que fueron promovidas por ciudadanos poblanos con el apoyo del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, organismo del que forma parte el Centro Pro, Artículo 19 y Fundar, entre otros.
“De los nueve juicios que presentamos inicialmente nos desecharon tres, diciendo los jueces que no podían analizar el tema de la ley porque no les afectaba a los quejosos, ahí se presentaron los recursos que se llama de queja, y ya nos habían resuelto dos favorablemente, la semana pasada se notificó el tercero y los ganamos, lo que significa que los jueces tienen que abrir el expediente y dar trámite al amparo, pero todavía está pendiente el analizar el fondo de la ley”.
El abogado explicó que si bien esperaban que se empezaran a resolver los juicios en diciembre hasta el momento no les han notificado de movimiento al respecto, y señaló que el tema está entrampada pues desde los juzgados esperan que el Congreso derogue la ley, y desde el Congreso no hay movimiento alguno como si esperan que se resuelva el caso en los juzgados.
“Lo que hemos visto es que los juzgados de amparo están como esperando a ver si el Congreso la deroga y en el Congreso no dan paso hasta no ver que dicen en los amparos, entonces ahí como que está trabado un poco”.
La polémica ley bala fue aprobada por la mayoría de los diputados en el Congreso local el 19 de mayo pasado con el nombre de “Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado.”
Y luego de su aprobación y formalización se estrenó a las pocas semanas cuando habitantes y autoridades de juntas auxiliares salieron a las calles en protesta por el retiro de la facultad del registro civil a sus comunidades, y fueron reprimidos por policiales estatales, deja como saldo el asesinato de un menor José Luis Alberto Tehuatle Tamayo a quién una lata de gas lacrimógeno le rompió el cráneo y le arrebató la vida.
Luego de la crisis política y social que provocó el violento desalojo en el kilómetro 19 de la autopista Puebla-Atlixco, en donde resultó herido el menor, el gobernador del estado envió al Congreso una propuesta para derogar el marco normativo, pero hasta el momento el tema no ha llegado al pleno del congreso.
