Para el gobierno de Rafael Moreno Valle, la presencia de Elia Tamayo en el Sexto Congreso por la Derechos de la Infancia y la Adolescencia fue un acto de “coraje y resentimiento”, esa fue la respuesta que ofreció un funcionario del DIF estatal , en la reunión que sostuvieron con niños niñas y adolescentes en el planetario estatal previo a la clausura del evento, en donde un par de adolescente plantearon su molestia por lo sucedido y exigieron respuestas.
Por su parte, activistas y organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras criticaron la censura y la forma en que trató el gobierno del estado de Puebla a la señora Elia Tamayo, la madre de José Luis Alberto Tehuatle Tamayo, el menor que fue asesinado por un proyectil lanzado por la policía estatal durante el violento desalojo del pasado 9 de julio.
Juan Martín Pérez, directo ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) incluso puntualizó el acoso policial que vivieron los activistas y él mismo por salir del Centro Expositor acompañando a Elia Tamayo.
En tanto que en rueda de prensa, la Redim en conjunto “se manifestó consternada porque el Gobierno de Puebla desplegó un operativo de seguridad desproporcionado e innecesario, tales como vigilancia personalizada a integrantes de la red y el cierre de los accesos al Centro Expositor. Esto llevó a realizar una valoración junto con los congresistas de Alemania y Venezuela, para no presentarse el día viernes previendo cualquier tipo de represalias”.
Y se planteó que para la red “este acontecimiento puede ser una oportunidad para reconsiderar la estrategia equivocada que han tenido el Gobierno de Puebla en el caso de José Luis, que permita resarcir los daños y sobre todo lograr que se acceda a la justicia”.
Un acto de resentimiento
A través de un video que se hizo llegar a Al Portador, se escucha a uno de los jóvenes participantes cuestionar a las autoridades estatales señalando que lo sucedido con Elia Tamayo: “fue grosero y decepcionante porque nosotros creemos que ustedes son el ejemplo, y la verdad creo que fue una decepción no solo para nosotros, también para demás países. Yo quiero pedirles que hagan lo correcto, no más corrupción, no digo que la hagan (sic) pero si ser el ejemplo y ser mejores personas”.
En respuesta un funcionario del DIF estatal que no se ha podido identificar, pues no se alcanza a ver en el video respondió:
–El objetivo de este congreso era escuchar sus necesidades, sus necesidades como niños, niñas y adolescentes, porque una cosa son las necesidades y otra cosa es esta situación que se ha dado, que es una situación de inconformidad, duda, de coraje y de resentimiento. De igual forma ustedes saben está considerado que durante estos trabajos se iban a realizar una serie de conclusiones y propuestas. De igual forma que se organizó en conjunto, en el mismo conjunto por parte de sociedad civil, por parte de gobierno estatal y federal con el respaldo de DIF nacional, muchos de ustedes conocen a la doctora Elba Cárdenas que estuvo aquí al frente, precisamente ese era el objetivo mismo de este Congreso, que desgraciadamente por situaciones adversas se haya desvirtuado, ok, lo estamos manejando y estamos aquí para dialogar.
“Yo apoyo la moción de Juan Martín de que si quieren respuestas, efectivamente también se van a dar, porque no se está ocultando nada. Se ha dado una pronunciación por parte de la Comisión de Derechos Humanos, la investigación en el caso específico del menor José Luis la ha llevado la federación, la ha llevado el estado, la ha llevado la Procuraduría General de Justicia, entonces sí se están haciendo cosas, sí se están haciendo las investigaciones que corresponden conforme a derecho”.
Lo que el funcionario omite es que la investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desechó la teoría de que los manifestantes eran responsables por la muerte del menor, y señaló como responsables a la policía del estado.
Y hasta el momento solo se ha cumplido parcialmente con los once puntos de la resolución de la CNDH, según reconoció el organismo a una petición planteada a principios de mes por Elia Tamayo.
Y entre los puntos que ha incumplido el gobierno de Rafael Moreno Valle está el acto público en el que la administración estatal debió pedir disculpas a los habitantes de Chalchihuapan que resultaron lastimados por las fuerzas de seguridad, pues al acto fueron convocados, a decir de Elia Tamayo, apenas tres horas antes de la cita para el mismo.
ONGs critican la censura a Elia Tamayo
Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Redim, sostuvo en una entrevista realizada en el noticiario de Efekto Noticias que tras la salida obligada de la madre del menor del Centro Expositor, en donde se lleva a cabo el Sexto Congreso por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, el gobierno del estado desplegó un operativo de vigilancia y hostigamiento a los congresistas que decidieron salir junto con Elia Tamayo para reunirse en un café cercano al inmueble estatal.
“Hay que destacar que lamentablemente la respuesta fue muy sorprendente para nosotros, porque se desplegó un dispositivo de seguridad que jamás me hubiera imaginado, personalmente me comenzaron a vigilar, hubieron reacciones que no corresponden de ninguna manera a un estado de derecho, y es una obligación del estado es garantizar que estos derechos sean escuchados, como la libertad de expresión y el acceso a la justicia”.
“Cuando salen los expertos del comité a una cafetería cercana inmediatamente se desplegó un operativo policiaco de varios vehículos de la policía y funcionarios del gobierno del estado, entendimos que era de la Secretaría General de Gobierno, que estuvieron hostigando a las personas que estaban en este encuentro, y posteriormente a quienes regresaron al Congreso. Esto llevó a que por riesgos a la seguridad de varios de los Congresistas que habían llevado a la señora Elia decidieron ya no regresar al día siguiente. El Congreso fue literalmente sellado”.
Por su parte, el Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (Molacnats), organización de la que procede el activista Ángel Osiel González, quien decidió salir del Congreso para acompañar a Elia Tamayo, emitió un comunicado denunciando ante la opinión pública internacional la actuación del gobierno del estado de Puebla al expulsar a la madre del menor Tehuatle Tamayo del inmueble estatal, cuando había sido invitada a exponer la situación del asesinato de su hijo ante miembros del comité organizador del evento.
Y exhortó “a los miembros del comité internacional organizador del congreso Mundial de Infancia hacer una profunda evaluación del contenido, invitados, metodologías y la participación de los gobiernos en los lugares donde se realiza el Congreso para evitar lo que ha venido sucediendo de congreso en congreso”, pidiendo además mayores espacios de discusión para los menores.
En tanto la organización no gubernamental Servicios de Inclusión Integral AC, con sede Pachuca Hidalgo, enfatizó mediante un comunicado emitido el pasado lunes que “durante el congreso surgieron diversas eventualidades que muestran la situación de violencia, de poca voluntad política y sobre todo de la situación a la violación de los derechos humanos en que viven la población y en particular niñas, niños y adolescentes”.
La organización que estuvo presente durante el congreso planteó además que lamentan “que en un espacio para la garantía y difusión de los derechos de la infancia se promueva por algunos sectores enfoques adultocentristas, que poco contribuyen a la construcción de ciudadanía”.
Y se sumaron “a la petición de justicia de niñas, niños y adolescentes ante el caso de José Luis Tehuatle Tamayo”.
Las voces de crítica a lo sucedido no solo partieron de organizaciones no gubernamentales, algunos participantes también lo hicieron a título personal, como Jesús González Ramírez, defensor de los derechos humanos en su natal Nuevo León, quien estuvo en el Congreso y a través de un artículo publicado en el portal Lado B documentó que Alejandra Ortega, una menor de 13 que participó en el congreso hablando sobre internet y redes sociales mencionó la situación vivida por Elia Tamayo y la muerte de su hijo.
“En ese momento una persona que no pudimos identificar intentó callarla diciéndole ‘ese no es tu tema’ a lo que ella respondió ‘Yo sé que puedo decir lo que quiera mientras no lastime los Derechos de otros porque tengo libertad de expresión’. Una lección pues Alejandra fue la única de los ponentes que se atrevió a tocar el tema. Por otro lado, ante las insistentes preguntas sobre la situación de violencia en México, los miembros del Comité ONU se limitarían a contestar que ya estaban revisando una solicitud de intervención y que al estar en trámite no podían opinar”.
Habrá apoyo legal de la Redim
De acuerdo con un boletín informativo, la Redim asesorará jurídicamente a la señora Elia Tamayo, y buscará una reunión con el nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, para plantear el tema y determinar si es necesario algún pronunciamiento adicional.
En el boletín señalaron que “Redim estudiará este caso paradigmático en el ámbito jurídico y en lo que corresponde a la política pública. Así como valorar con la defensa llevar el caso a instancias internacionales si se agotan los recursos nacionales sin lograr el acceso a la justicia”.
Y adelantaron que “se buscará crear una Comisión Internacional de seguimiento al caso paradigmático teniendo como base las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 2VG/2014CNDH emitida el 11 de septiembre de este año. Dicha comisión estaría integrada por adolescentes de varios países, defensores de derechos humanos y por organizaciones internacionales quienes buscarán el cumplimiento de estas recomendaciones y la satisfacción de la Sra. Elia Tamayo en su búsqueda de acceso a la justicia”.
