Abraham Cordero, uno de los detenidos políticos por la actual administración por oponerse a los proyectos estatales, denunció que si bien fue liberado del penal de Atlixco, el proceso penal en su contra aún sigue y que existen más de 130 ordenes de aprehensión como parte del política del terror del gobierno de Rafael Moreno Valle.
En la narrativa de su caso, que se produjo en el Foro “Cuidado y Defensa del Territorio frente a Políticas Depredadoras” que se realiza en la Universidad Iberoamericana el líder del Frente Campesino de Ejidatarios y Pequeños Propietarios del Valle de Texmelucan y la Sierra Nevada explicó que a él se le fabricaron los delitos por los que fue detenido en abril pasado, pues se le acusó de retener funcionarios a los que ni siquiera conoce.
“Todos los que no estamos de acuerdo con sus políticas nos convertimos en delincuentes potenciales, por disentir en la forma de gobernar. Nos convertimos en delincuentes, simple y sencillamente por defender lo que es nuestro. Este gobierno viene fabricando delitos que jamás se han cometido, como es el caso de su servidor. Hasta la fecha me veo obligado a llevar un proceso por delitos que no he cometido, esto seguramente lo realiza este gobierno para meterle miedo a los campesinos.
“Y seguramente así como lo realiza con nosotros lo hace con otras organizaciones, por eso es importante señalar que la represión y la violación a los Derechos Humanos es una práctica que caracteriza a este gobierno”.
Y para confirmar su dicho, Abraham Cordero enlistó los casos de represión policiaca en contra de movimientos sociales que se registraron desde el inicio de este gobierno, en 2011 cuando se produjo el desalojo de un predio de la Cieneguilla ubicado en el municipio de Chignahuapan, en donde según documentó la Comisión de los Derechos Humanos de Puebla se usaron balas de goma.
En su participación en el panel “Detenidos en Arraigo y Procesados” el ex juez de paz de su comunidad enlistó las ordenes de aprehensión de las que tienen conocimiento que están abiertas en la Procuraduría General de Justicia (PGJ):
“13 en San Bernardino Chalchihuapan, de las cuales cinco ya han sido ejecutadas; 14 en San Andrés Cholula por el proyecto de las siete culturas, de las cuales cuatro ya fueron ejecutadas; ocho en San Andrés Cholula del Sistema Ruta, de las cuales ya fueron ejecutadas todas pero está abierto el expediente para más de 42; en el caso del frente campesino, con el tema del arco poniente se ejecutó la orden y aprehensión de su servidor, pero dejan el expediente abierto con posibilidad de liberar más de 100 denuncias, eso significa una política de terror en contra de los movimiento sociales”.
Pero lo más grave, apuntó el activista, es que ha querido ocultar los asesinatos de tinte político, y enlistó el caso de José Luis Alberto Tehuatle Tamayo, el menor de San Bernardino Chalchihuapan; el de Antonio Esteban dirigente campesino en la sierra norte que había iniciado una oposición a las avance de la minería; y el caso de Delfino Flores Melga quién falleció en la cárcel, y que a pesar de su edad y el deterioro de su salud jamás se le otorgó el beneficio del arresto domiciliario.
