“Eso es lo que más duele. A mi hijo lo arrastraron como perro, como si fuera un delincuente… Me dijo: ‘pendeja, hija de tu puta madre’ me empujaron con la mano y con la pistola se iban echando para atrás y lo iban arrastrando.”
Nueve días después de que la Policía poblana detuvo a Álvaro García Xelhua, un juez lo liberó porque la autoridad no pudo probar su participación como manifestante durante el bloqueo de la carretera Puebla-Atlixco del 9 de julio, cuando perdió la vida el niño Alberto Tlahuitle Tamayo.
Al “Gober Terrible” no le tiembla la mano. Tiene la razón porque de su lado está la fuerza y lo demás no importa. Primero erró instruyendo a su Policía para que reprimiera al movimiento que se opuso al cambio de ubicación de las oficinas del Registro Civil.
La violencia que caracteriza los operativos de su secretario de Seguridad, Facundo Rosas, provocó que un menor de edad perdiera la vida.
Luego intentó ocultar los hechos y dedicó largas horas para visitar a los medios de comunicación con el objeto de convencer que esa tragedia ocurrió porque los pobladores de Chalchihuapan lanzaron cohetones y uno estalló contra el cráneo del niño.
Más de un ingenuo creyó la versión y a otros les convino repetir como merolico el discurso mentiroso del Gobernador.
Fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la que con su peritaje confirmó la versión de la madre de Alberto y los vecinos: la herida en la cabeza de la víctima se debió a que la Policía de Rosas lanzó granadas lacrimógenas con un arma expulsora que —según su manual de uso— no debe nunca apuntarse hacia los seres humanos.
En la recomendación de la CNDH se ordenó al Gobierno poblano, entre otras cosas, crear una fiscalía especial para investigar el caso, resarcir a las víctimas —concretamente a la madre— y sancionar a los funcionarios públicos que participaron en aquellos actos del 9 de julio. No hay una línea en ese texto donde se culpabilice a los manifestantes.
Al parecer, la obediencia a la ley es tema que sólo debe incumbir a los ciudadanos. El “Gober Terrible” acató la recomendación de manera arbitraria. Anunció primero que fueron detenidos seis agentes, de entre los 100 que participaron en aquel acto represivo.
En simultáneo, en un extraño caso de justicia salomónica, durante la madrugada del día siguiente las policías Ministerial y Estatal de Puebla hicieron una visita nocturna a los vecinos del menor asesinado.
A las 4 de la mañana del día 18 de octubre, mientras la imagen del país se desmoronaba en el extranjero por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, la Policía llegó montada en 13 vehículos de color negro. Alrededor de 60 efectivos descendieron de ellos y según testimonio de los vecinos agredidos ingresaron a siete casas rompiendo puertas, muebles y cristales.
Al principio las víctimas de esta “Hicieron lo que quisieron… rompieron la puerta, de un golpe abrieron y se metieron. No les importó nada” La fuerza de Rosas amenazó con sus armas largas a niños pequeños, agredió a mujeres, destrozó mobiliario y se quedó merodeando la comunidad durante un par de días más.
