Ahora, su realidad jurídica es diferente.
Se le imputa el delito de lavado de dinero, por lo que no gozará de la libertad bajo caución.
La detención de Yáñez puede ser muy rentable para el presidente Peña.
Si es cierto que ahora el MP federal irá esta vez con todo en su contra, están dadas las condiciones para que el detenido se convierta en una muy interesante fuente de información para su grupo político.
Financiamiento de campañas y proyectos políticos, obras y privilegios al amparo del poder, por poner tan solo un ejemplo.
Puebla puede ser un ejemplo muy claro de lo anterior.
Oceanografía, la empresa de Yáñez y el despacho White & Case, propiedad de Vicente Corta, asesor legal de Amado, son dos empresas que han recibido un trato preferencial y privilegiado por parte del gobierno estatal.
El año pasado, gracias a los buenos oficios conjuntos de los gobernadores de Puebla y Tlaxcala; Osa Constructora, filial de Oceanografía, se hizo acreedora al contrato de construcción de la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan y ramal a Ciudad Serdán, con una longitud de más de 63 kilómetros y un costo superior a los 662 y medio millones de pesos.
La obra fue financiada con recursos de la empresa a través del tan socorrido y sumamente ambiguo esquema de los Proyectos de Participación Social (PPS), a cambio de una concesión para administrar la vía por 30 años, hasta el 2043.
Si bien, después del escándalo se inició un proceso legal para retirarle la concesión, la intención de favorecerla quedó para la posteridad.
En el 2011, Oceanografía fue considerada en la lista de empresas “privilegiadas” que se encargaron de proyectos de obra pública que formaron parte de los festejos del 150 aniversario de la Batalla de Puebla.
El gobierno del estado le asignó el contrato OP/LPN/SI-20110336, correspondiente al “Proyecto Integral de Imagen Urbana del Corredor Turístico Cultural”, ubicado en el Centro Cívico 5 de Mayo, con un costo de $70,994,352.74.
En 2013, Oceanografía se hizo acreedora al contrato OP/ADE/SI-20130036, correspondiente a la “Construcción de la Plataforma de Prueba Piloto y de Relleno Estructural de la nueva planta Audi” en el municipio de san José Chiapa, con un costo de $5’131,719.54.
De acuerdo con el testimonio rendido por Amado Yáñez ante la PGR en junio, el despacho White & Case avaló la presentación de documentos falsos que fueron utilizados para la obtención de créditos bancarios por más de 5 mil millones de pesos.
El tema tendría que ser motivo de preocupación para el gobierno del estado de Puebla.
Como le he comentado en anteriores entregas, White & Case es uno de los despachos legales consentidos del gobierno estatal, y se la han otorgado millonarios contratos para la realización del entramado legal que sustenta concesiones como la del SOAPAP, las plantas de tratamiento de aguas residuales de la zona conurbada de la capital, el Metrobús, la Estrella de Puebla, entre otros; además de los contratos de las obras realizadas bajo el esquema de PPS (Proyectos de Prestación de Servicios) que en total suman más de 6 mil millones de pesos.
Hoy, la información adicional que aportará Yáñez a través de sus declaraciones ministeriales podría dar más indicios y elementos de hasta dónde el dinero obtenido a través de operaciones ilícitas sirvió para llevar a la cúspide del poder a políticos que en su momento aceptaron gustosos el patrocinio, que se comprometieron a pagar el favor con contratos y privilegios y que hoy deben ser considerados por la justicia federal como sus cómplices.
