La frase en los hechos no resiste el menor análisis.
El hacer valer el estado de derecho supondría que la ley se aplique de manera pareja para todos, evitando que se viva un estado de excepción que favorezca a servidores públicos involucrados en conductas delictivas.
Eso no pasa en Puebla.
Aquí, el sistema de procuración de justicia se ha visto intencionalmente incapaz de resolver el asesinato de un niño indígena a más de tres meses y medio de los hechos.
Al contrario, se ha pervertido, primero para defender la “teoría del cohetón”, una mentira oficial que técnica y jurídicamente no resistía el menor análisis y luego para proteger al uniformado responsable de la muerte de Tehuatlie Tamayo.
¿Qué trato merecen quienes han pervertido así las instituciones?
Si es cierto que nuestra entidad es un estado de leyes, deberían de iniciarse procedimientos penales en contra de quienes alteraron las investigaciones para encubrir al o a los asesinos y que han permitido que el verdadero culpable goce de la más absoluta impunidad.
Responsables existen, tienen nombre y apellido y van desde los agentes del MP que respaldaron la versión oficial de los hechos y alteraron intencionalmente pruebas, declaraciones y evidencias; los médicos que avalaron falsos dictámenes que establecían que la onda expansiva de un artefacto explosivo había perforado el cráneo del menor, hasta el procurador que fue el autor intelectual y responsable directo de haber llevado una investigación sesgada, parcial, prostituida, que en los hechos resulta una auténtica mentada de madre al concepto de “procuración de justicia”.
¿Qué pasará con todos ellos?
¿Habrá el tan cacareado “estricto apego al estado de derecho”?
¿Los veremos en la cárcel acusados de delitos como encubrimiento, u otros más considerados como “graves” por el Código Penal poblano?
Si la ley es justa, todos ellos merecerían un tratamiento similar al de los detenidos del pasado fin de semana.
Sí, esos que en el nombre de la ley, están acusados de delitos como la tentativa de homicidio, mientras los auténticos homicidas, los que ultimaron a José Luis, se mueren de la risa.
De locos.
Por cierto, ha llamado la atención el tratamiento mediático desigual que el gobierno estatal ha ordenado en términos del famoso cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Mientras los habitantes de Chalchihuapan detenidos la madrugada del sábado han sido exhibidos y sus nombres hechos públicos de la misma manera que los delitos de los que se les acusan, ha existido un impresionante hermetismo en términos de los seis policías que en teoría enfrentan cargos por los abusos cometidos en el operativo de desalojo del 9 de julio pasado.
No se han revelados su nombres ni los procesos legales que se siguen en su contra.
No sabemos siquiera si están acusados por la muerte de Tehuatlie Tamayo y por la mutilación causada a otros nueve habitantes de Chalchihuapan.
En un auténtico estado de derecho, lo anterior tendría que ser absolutamente transparente.
¿O se cocinan ya los chivos expiatorios?
