La Comisión Nacional de Derechos Humanos protegió al gobernador Rafael Moreno Valle al no señalar al panista como responsable en el caso Chalchihuapan, a pesar de que él es su superior jerárquico y fue el responsable de asignar a Facundo Rosas Rosas como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aún conociendo los antecedentes de violación de los Derechos Humanos que arrastraba el funcionario. Esto fue señalado por de Simón Hernández León abogado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.
En entrevista, el representante del Centro Pro, sostuvo que al comparar el resolutivo que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el caso Chalchihuapan con el que se emitió en el caso de los normalistas de Ayotzinpa, asesinados en el 2011, lo que se observa es que el titular de ese organismo, Raúl Plascencia Villanueva bajó el estándar.
“En ese caso la CNDH dio vista al Congreso sobre la posible responsabilidad del secretario de Secretaría de Seguridad Pública, el procurador y otros funcionarios para que el Congreso estableciera un procedimiento de responsabilidad más alto, acá se lo deja a las autoridades del estado, y disminuye el estándar que ya había construido”.
Hernández León también cuestionó que se dejara en manos de la fiscalía especial la investigación y esclarecimiento del caso, cuando la CNDH ya había acreditado que la propia PGJ construyó una versión falsa de los hecho manipulando pruebas, “no hay condiciones para que es autoridad que no fue objetiva ni imparcial y generó una versión falsasea la misma autoridad que investigue”.
Este tipo de resolución, puntualizó, muestran la crisis de legitimidad en la que está inmersa la CNDH, y ejemplo de ello, dijo, es la resolución sobre el caso Chalchihuapan, pues hace ver la situación como un problema aislado, “sin considerar que había un contexto de represión sistemática, es decir está diluyendo su capacidad institucional y no es capaz de proteger los derechos de las personas, es una comisión que parece estar actuando más en función de sus alianzas con ciertos poderes en turno”.
Y dijo: “la autoridad no quiso señalar al gobernador del estado, cuando había elementos que demostraban claramente su responsabilidad, si se señala que Facundo Rosas es responsable de los saldos del operativo, pues había que señalar al gobernador que fue quién lo nombró conociendo los antecedentes que tenía violación de derechos graves contra manifestantes”.
Retrasan el cumplimiento
El pasado 11 de septiembre la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo pública once recomendaciones al gobierno del estado relacionadas con el caso Chalchihuapan, y estableció un plazo de 15 días hábiles para que el gobierno de Rafael Moreno Valle las aceptara, y otros 15 días hábiles más para que una vez que se aceptaran las recomendaciones se entregaran pruebas del cumplimiento.
Ese mismo día por la noche, la administración de Rafael Moreno Valle aceptó las recomendaciones y al día siguiente hizo público la conformación de una fiscalía especial para investigar del caso, desde entonces no se tiene información alguna de que se haya cumplido alguna otra, a pesar de que vía boletín la gobierno aseguró que ya se hizo.
A decir de Simón Hernández León, solo se sabe del cumplimiento de la fiscalía, y del inicio de un procedimiento administrativo al titular de la SSP, Facundo Rosas Rosas, en la Contraloría del estado pero del resto de las obligaciones de la administración de RMV nada se ha hecho, entre ellos la disculpa pública, o el pago de indemnizaciones.
Hernández León comentó también que una de las tácticas de los gobiernos para dilatar y extender el plazo que otorga el organismo defensor de los Derechos Humanos es entregar informes sobre que el cumplimiento está en proceso, cuanto está por vencer el plazo, para ganar más tiempo.
El integrante del Centro Pro, señaló que la resolución de la CNDH se quedó muy corta con respecto al señalamiento puntual de las obligaciones del gobierno de Moreno Valle con las víctimas de la policía estatal en el violento desalojo.
“Para nosotros era importante que se señalara quiénes eran las victimas y cuáles eran las afectaciones de manera diferencia y concreta para que se ordenaran de manera concretas las reparaciones, eso debió de haberlo hecho la comisión, digamos fijar el estándar, pero le dejó la facultad a las autoridades de Puebla”.
